Susana hizo escuela. Y los más diversos personajes defienden la pena de muerte. La influencia de una ex asesora de Juan Carlos Blumberg.
La columna avanza sobre Plaza de Mayo.Susana al centro. Moria a un lado, Marcelo al otro, caminan entrecruzando sus brazos con los de la diva rubia. Hacia los costados, con cara de circunstancia, se unen a paso lento Sandro, China Zorrilla y su pañuelo al cuello, Cacho Castaña bromeando con Guillermo Francella. Un poco más apartado, Mike Amigorena hace gestos a lo Jim Carrey y Jorge Rial sonríe. Juan José Campanella, que los comprende, dirige la filmación y piensa en una miniserie. Spinetta lo mira por televisión, desde su casa, e imagina una continuación para “La bengala perdida” (¿“La cámara de gas encontrada”?). La crème de la crème de la farándula nativa, detrás de una gran bandera horizontal –al estilo de las que llevan las Madres– con una inscripción que dice “Los que matan, tienen que morir”, llega a la plaza.
¿Se imaginan la escena? Por más inverosímil que parezca, desde que Susana Giménez abrió la boca el 27 de febrero pasado para pedir “que terminen con eso de los derechos humanos”, no pasa un día sin que algún famoso se saque la careta de la tolerancia y se pronuncie a favor de la pena de muerte, con distintos argumentos. Alguna gente, alentada por ver a sus máximos ídolos expresando una visión que comparten, se entusiasma, llama a las radios. Para el 18 de marzo próximo, familiares de víctimas de la inseguridad están organizando una marcha frente a la Casa Rosada. Y sueñan con que Susana, Moria y Marcelo encabecen la movida, pero aún, ninguno, confirmó su presencia.
Reacción en cadena. Susana habló prácticamente en cadena nacional, con los móviles de los noticieros y de los programas de chimentos frente a la puerta de su casa de Barrio Parque, el día que mataron al florista Gustavo Lanzavecchia, un colaborador muy cercano. Aunque más tarde intentó aclarar que no estaba a favor de la pena de muerte, los dichos generaron una sorpresiva ola de manifestaciones de apoyo.
“Susana tiene razón, y el que diga que estuvo mal, que se corte un dedo”, lanzó Sandro, antes de aclarar: “No estoy a favor de la pena de muerte porque soy cristiano” (¿?). Otro que empezó diciendo “no estoy a favor de la pena de muerte” fue el músico Luis Alberto Spinetta, que quedó sensibilizado por el accidente en el que murieron nueve alumnos y una profesora del colegio Ecos, al que asiste su hija Vera. Aunque enseguida agregó: “A alguna gente habría que meterle un tiro en la cabeza”. Para los violadores de niños, dijo, “queremos una pena que sea peor que morir”.
“Los asesinos ya declararon la pena de muerte. Nosotros tenemos que tener el derecho a la vida y a la revancha”, coincidió Cacho Castaña. Para Guillermo Francella, “es de hipócritas creer que alguien puede pensar distinto que Susana. El que mata, el que viola, tiene que morir –dijo– pero en la cárcel”. En cambio, para Moria, “la pena de muerte sería muy liviana, porque te los sacás de encima muy fácil”. Y Mike Amigorena, el protagonista de Los Exitosos Pells, se mostró más medido: “Matar al que mata no es lo más acertado. Ahora, que el que mata, pierda un miembro, no estaría mal. Si roba, le cortan un dedo, y si vuelve a robar, otro: así habría una conducta”. “El dicho fue horrible, pero tenía razón. Soy una defensora de Susana, quizá porque sentí lo mismo”, apoyó China Zorrilla. Y el cineasta Juan José Campanella concedió: “Si me hubiesen matado a un ser querido, podría haber dicho cualquier cosa”.
Pero el que le dio un nuevo y gran impulso a la polémica fue Marcelo Tinelli, que en un extenso reportaje con el programa Intrusos, de Jorge Rial, descargó toda su bronca por la situación de la inseguridad. Entre otras cosas, dijo: “En este país te matan y nadie se calienta” y “Vos vívis en un country cerrado, en un edificio con rejas, y los delincuentes andan sueltos”.
Para ponerle más picante a la polémica, Adrián “El Facha” Martel disparó primero contra Mario Pergolini y Fernando Peña –opositores a la pena de muerte–, considerando que “los fachos son ellos por destrozar a todos los que no opinan igual”. El Facha habló después del episodio sufrido por su ex mujer, Cristina Furri: el 7 de marzo, dos asaltantes entraron a su casa, amenazaron con violar a su hija y la empujaron por una ventana del segundo piso. La mujer quedó internada con una probable fractura de cadera.
Martel le pidió al Gobierno que realice una consulta no vinculante para conocer “si el pueblo argentino está en contra o a favor de la pena de muerte”. Cabe aclarar que de la propia Susana para abajo, se instaló la idea de que una aplastante mayoría de la población apoyaría la medida. Giménez mencionó una encuesta en Internet en la que el 85,7 por ciento estaría a favor y la televisión repitió esas cifras. Sin embargo, los estudios que maneja la consultora TNS Gallup dan como resultado un apoyo del 44 por ciento de la población, cifra que se mantiene estable hace diez años.
Muy pocas voces se alzaron en contra del pedido de mano dura, durísima.
Una de las más fuertes, porque perdió a su marido, el “Vasco” Lecuona, en un intento de asalto, fue la de Georgina Barbarossa, que la semana pasada volvió a manifestar ante Veintitrés su convicción en contra de la pena capital, aunque pidió que se cumpla efectivamente la pena de prisión perpetua. Andrés Calamaro prefirió no opinar, ya que “¡es un debate que se fue directamente a Intrusos!”. Pero respondió a Veintitrés con una duda: “No sé si somos testigos de la muerte de la corrección política o son efectos colaterales de la crisis: la fractura social y la tensión habitual”.
Después del asesinato de su personal trainer, Hernán Landolina, el 3 de marzo, Guillermo Coppola expresó que “jamás podría estar a favor de la pena de muerte porque soy un enamorado de la vida”. “Tenemos que tener prudencia porque lo único que no necesitamos es más violencia”, advirtió Enrique Pinti. Y Mariana Fabbiani reflexionó: “Somos figuras públicas y tenemos que cuidar el calibre de nuestras palabras”. También salieron a oponerse a Susana su amiga Graciela Borges –suavemente–, Fernando Peña –con los tapones de punta–, el gandhiano Raúl Portal (sigue a Gandhi), Jacobo Winograd después de sufrir un asalto...
La columna avanza sobre Plaza de Mayo.Susana al centro. Moria a un lado, Marcelo al otro, caminan entrecruzando sus brazos con los de la diva rubia. Hacia los costados, con cara de circunstancia, se unen a paso lento Sandro, China Zorrilla y su pañuelo al cuello, Cacho Castaña bromeando con Guillermo Francella. Un poco más apartado, Mike Amigorena hace gestos a lo Jim Carrey y Jorge Rial sonríe. Juan José Campanella, que los comprende, dirige la filmación y piensa en una miniserie. Spinetta lo mira por televisión, desde su casa, e imagina una continuación para “La bengala perdida” (¿“La cámara de gas encontrada”?). La crème de la crème de la farándula nativa, detrás de una gran bandera horizontal –al estilo de las que llevan las Madres– con una inscripción que dice “Los que matan, tienen que morir”, llega a la plaza.
¿Se imaginan la escena? Por más inverosímil que parezca, desde que Susana Giménez abrió la boca el 27 de febrero pasado para pedir “que terminen con eso de los derechos humanos”, no pasa un día sin que algún famoso se saque la careta de la tolerancia y se pronuncie a favor de la pena de muerte, con distintos argumentos. Alguna gente, alentada por ver a sus máximos ídolos expresando una visión que comparten, se entusiasma, llama a las radios. Para el 18 de marzo próximo, familiares de víctimas de la inseguridad están organizando una marcha frente a la Casa Rosada. Y sueñan con que Susana, Moria y Marcelo encabecen la movida, pero aún, ninguno, confirmó su presencia.
Reacción en cadena. Susana habló prácticamente en cadena nacional, con los móviles de los noticieros y de los programas de chimentos frente a la puerta de su casa de Barrio Parque, el día que mataron al florista Gustavo Lanzavecchia, un colaborador muy cercano. Aunque más tarde intentó aclarar que no estaba a favor de la pena de muerte, los dichos generaron una sorpresiva ola de manifestaciones de apoyo.
“Susana tiene razón, y el que diga que estuvo mal, que se corte un dedo”, lanzó Sandro, antes de aclarar: “No estoy a favor de la pena de muerte porque soy cristiano” (¿?). Otro que empezó diciendo “no estoy a favor de la pena de muerte” fue el músico Luis Alberto Spinetta, que quedó sensibilizado por el accidente en el que murieron nueve alumnos y una profesora del colegio Ecos, al que asiste su hija Vera. Aunque enseguida agregó: “A alguna gente habría que meterle un tiro en la cabeza”. Para los violadores de niños, dijo, “queremos una pena que sea peor que morir”.
“Los asesinos ya declararon la pena de muerte. Nosotros tenemos que tener el derecho a la vida y a la revancha”, coincidió Cacho Castaña. Para Guillermo Francella, “es de hipócritas creer que alguien puede pensar distinto que Susana. El que mata, el que viola, tiene que morir –dijo– pero en la cárcel”. En cambio, para Moria, “la pena de muerte sería muy liviana, porque te los sacás de encima muy fácil”. Y Mike Amigorena, el protagonista de Los Exitosos Pells, se mostró más medido: “Matar al que mata no es lo más acertado. Ahora, que el que mata, pierda un miembro, no estaría mal. Si roba, le cortan un dedo, y si vuelve a robar, otro: así habría una conducta”. “El dicho fue horrible, pero tenía razón. Soy una defensora de Susana, quizá porque sentí lo mismo”, apoyó China Zorrilla. Y el cineasta Juan José Campanella concedió: “Si me hubiesen matado a un ser querido, podría haber dicho cualquier cosa”.
Pero el que le dio un nuevo y gran impulso a la polémica fue Marcelo Tinelli, que en un extenso reportaje con el programa Intrusos, de Jorge Rial, descargó toda su bronca por la situación de la inseguridad. Entre otras cosas, dijo: “En este país te matan y nadie se calienta” y “Vos vívis en un country cerrado, en un edificio con rejas, y los delincuentes andan sueltos”.
Para ponerle más picante a la polémica, Adrián “El Facha” Martel disparó primero contra Mario Pergolini y Fernando Peña –opositores a la pena de muerte–, considerando que “los fachos son ellos por destrozar a todos los que no opinan igual”. El Facha habló después del episodio sufrido por su ex mujer, Cristina Furri: el 7 de marzo, dos asaltantes entraron a su casa, amenazaron con violar a su hija y la empujaron por una ventana del segundo piso. La mujer quedó internada con una probable fractura de cadera.
Martel le pidió al Gobierno que realice una consulta no vinculante para conocer “si el pueblo argentino está en contra o a favor de la pena de muerte”. Cabe aclarar que de la propia Susana para abajo, se instaló la idea de que una aplastante mayoría de la población apoyaría la medida. Giménez mencionó una encuesta en Internet en la que el 85,7 por ciento estaría a favor y la televisión repitió esas cifras. Sin embargo, los estudios que maneja la consultora TNS Gallup dan como resultado un apoyo del 44 por ciento de la población, cifra que se mantiene estable hace diez años.
Muy pocas voces se alzaron en contra del pedido de mano dura, durísima.
Una de las más fuertes, porque perdió a su marido, el “Vasco” Lecuona, en un intento de asalto, fue la de Georgina Barbarossa, que la semana pasada volvió a manifestar ante Veintitrés su convicción en contra de la pena capital, aunque pidió que se cumpla efectivamente la pena de prisión perpetua. Andrés Calamaro prefirió no opinar, ya que “¡es un debate que se fue directamente a Intrusos!”. Pero respondió a Veintitrés con una duda: “No sé si somos testigos de la muerte de la corrección política o son efectos colaterales de la crisis: la fractura social y la tensión habitual”.
Después del asesinato de su personal trainer, Hernán Landolina, el 3 de marzo, Guillermo Coppola expresó que “jamás podría estar a favor de la pena de muerte porque soy un enamorado de la vida”. “Tenemos que tener prudencia porque lo único que no necesitamos es más violencia”, advirtió Enrique Pinti. Y Mariana Fabbiani reflexionó: “Somos figuras públicas y tenemos que cuidar el calibre de nuestras palabras”. También salieron a oponerse a Susana su amiga Graciela Borges –suavemente–, Fernando Peña –con los tapones de punta–, el gandhiano Raúl Portal (sigue a Gandhi), Jacobo Winograd después de sufrir un asalto...
Mientras deciden su participación en la marcha convocada por la ONG “Mejor seguridad”, los famosos deberían tener en cuenta el currículum de su titular, Constanza Guglielmi. Hija del general Alejandro Guglielmi, denunciado ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) por su participación en el centro clandestino de detención El Campito, de Campo de Mayo, es la ex esposa del gobernador de Chubut Néstor Perl, que renunció en 1990 para evitar un juicio político en medio de denuncias por malversación de fondos públicos.
Su hermano mayor, el teniente coronel Alejandro Guglielmi, fue señalado como uno de los que acordaron con el desplante de darle la espalda al presidente Néstor Kirchner en el Colegio Militar, como forma de repudiar la política de derechos humanos del oficialismo. Guglielmi saltó a las tapas de los diarios a medidos de 2006, cuando su hermana María Pía fue asesinada tras un fallido robo en Palermo. Entonces se convirtió en una especie de lugarteniente de Juan Carlos Blumberg, a quien acompañó en sus marchas y apariciones públicas, hasta que se distanció. Pero gracias a su discurso más sofisticado y persuasivo que el del falso ingeniero, siguió cobrando protagonismo.
Fue secretaria del senador Carlos Reutemann y se la señala como la coordinadora en Buenos Aires del movimiento “Otro país es posible”, que conduce a nivel nacional el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.
Consultada por Veintitrés, Guglielmi negó cualquier intencionalidad política de la marcha, que no sería para pedir “pena de muerte sino mayor seguridad: el cómo es un asunto de los políticos”. Pero aseguró que allegados a Susana se comunicaron con ella para transmitirle la intención de la diva de estar en la plaza. También, según aseguró la organizadora, le confirmaron su asistencia Tinelli, Moria, el Facha Martel y Jorge Rial.
Su hermano mayor, el teniente coronel Alejandro Guglielmi, fue señalado como uno de los que acordaron con el desplante de darle la espalda al presidente Néstor Kirchner en el Colegio Militar, como forma de repudiar la política de derechos humanos del oficialismo. Guglielmi saltó a las tapas de los diarios a medidos de 2006, cuando su hermana María Pía fue asesinada tras un fallido robo en Palermo. Entonces se convirtió en una especie de lugarteniente de Juan Carlos Blumberg, a quien acompañó en sus marchas y apariciones públicas, hasta que se distanció. Pero gracias a su discurso más sofisticado y persuasivo que el del falso ingeniero, siguió cobrando protagonismo.
Fue secretaria del senador Carlos Reutemann y se la señala como la coordinadora en Buenos Aires del movimiento “Otro país es posible”, que conduce a nivel nacional el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.
Consultada por Veintitrés, Guglielmi negó cualquier intencionalidad política de la marcha, que no sería para pedir “pena de muerte sino mayor seguridad: el cómo es un asunto de los políticos”. Pero aseguró que allegados a Susana se comunicaron con ella para transmitirle la intención de la diva de estar en la plaza. También, según aseguró la organizadora, le confirmaron su asistencia Tinelli, Moria, el Facha Martel y Jorge Rial.
Por Martín Mazzini
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Cíclicamente reaparecen los miedos generados por la inseguridad y, con ellos, el discurso público vuelve a inundarse de bravatas altisonantes que, por su repercusión, conviene tomarse en serio. Quisiera concentrarme aquí en algunas de las expresiones que circulan en estos días, vinculadas con la relación aparentemente excluyente o de suma cero que existiría entre la protección de las víctimas y la defensa de los derechos de los delincuentes. La idea aparece en expresiones como la que dice que “en este país mueren inocentes mientras se protegen los derechos humanos de los delincuentes” o “estoy cansado de los derechos humanos de los delincuentes”. ¿Qué se quiere decir con tales expresiones?
Una primera posibilidad sería que tales afirmaciones involucran un juicio descriptivo como el siguiente: “en los hechos, hoy, en la Argentina, se están favoreciendo los derechos humanos de los delincuentes, mientras se descuidan los derechos de las pobres víctimas”.
Apenas reflexionamos unos instantes sobre esta idea, sin embargo, se advierte que ella es, más que falsa, groseramente falsa. Resulta demasiado obvio que en nuestro país en la actualidad se violan cada día, y de modo gravísimo, los derechos de los que cometieron (o son acusados de haber cometido) ofensas hacia los demás, muy especialmente si ellos provienen de sectores económicamente desaventajados.
Esas violaciones gravísimas incluyen la detención por años de personas a las que no se les ha probado la comisión de delito alguno; la privación de libertad a personas que han cometido delitos menores, y condiciones extremas, brutales, violentas para los que ya están encerrados. Es decir, descriptivamente, lo que la realidad nos muestra, sin ambages, sin ambigüedades, sin margen de duda alguno, es exactamente lo contrario de lo que aquella proposición vendría a sugerir. Si hoy tenemos un problema grave en materia de inseguridad, entonces, sin dudas, ése no es el de que el Estado argentino se está excediendo en la protección de los derechos de los delincuentes.
Una segunda posibilidad sería que al decir “estamos cansados de los derechos humanos de los delincuentes” se esté haciendo referencia a una explicación referida a la imposibilidad material de proteger, al mismo tiempo, los derechos de las víctimas y los derechos de los criminales. Pero esta respuesta también es, fundamentalmente, falsa: en los aspectos más básicos, resulta obvio que se pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo.
Asegurarles a todos un juicio justo (escuchar a los acusados; asegurar que las pruebas de un juicio no sean inventadas); impedir la tortura; no encerrar a quien no ha sido encontrado culpable de ningún crimen; evitar que se trate a los detenidos como animales es perfectamente compatible con tener un presupuesto adecuado en materia de seguridad, o velar por la recuperación de las víctimas y la restauración de sus derechos. Es decir, no es en absoluto cierto que si queremos cuidar la seguridad de “los buenos ciudadanos” sea necesario, de algún modo, reducir los cuidados básicos hacia delincuentes.
Tercero, la afirmación sobre el “exceso” de respeto hacia los derechos de los delincuentes podría ser normativa, es decir, estar dirigida a afirmar que “debe darse menos protección a los derechos de los delincuentes, porque ellos no se merecen ningún cuidado, dada la gravedad de lo que han hecho”.
Ahora bien, si las dos observaciones anteriores eran –en su esencia– fácticamente falsas, ésta es valorativamente inaceptable. Hay cantidad de problemas serios con esta idea. Primero, respetar los derechos de los delincuentes no significa premiar a los criminales ni dejar de reprocharles sus eventuales faltas, sino impedir que se los trate inhumanamente, o que se condene a inocentes porque “necesitamos condenar a alguien”, como muchas veces ocurre.
Segundo, los derechos no están reservados para los que se comportan decentemente o los que no cometen faltas (graves), sino para todos, por el solo hecho de ser personas. Tercero, los derechos no son disponibles o removibles de acuerdo al humor de algunos, sino lo contrario de ello: su virtud es, por suerte, la de no estar sujetos a la buena voluntad de nadie.
Finalmente, puede que con la idea de “los derechos humanos de los delincuentes” se esté pensando en que, en nuestro país, algunos o muchos eventuales culpables de crímenes no quedan encerrados. Pero esta idea también es muy pobre. Primero, tenemos una proporción de presos alta y creciente, y no baja. Segundo, si hay gente responsable de crímenes que no es condenada debido a las argucias o trampas de sus abogados, ésa no es responsabilidad de los “derechos humanos”, por lo que conviene no ensuciar el término de ese modo.
Tercero, si lo que ocurre es que algunos no quedan detenidos porque no se prueba su culpabilidad, eso no es un “exceso” de respeto de los derechos, sino sólo un acto justo, porque nadie quiere que se encierre a los que no son culpables de delito alguno (¿o sí?). Finalmente, pero esto da para otra discusión, no es cierto –por fortuna– que las únicas respuestas que tenemos a mano frente al crimen son las respuestas extremas, draconianas, que empiezan, como en nuestro país, con la privación de la libertad en condiciones infrahumanas. Es decir, condenar no es ni debe ser igual a “dejar encerrado a alguien”.
Una primera posibilidad sería que tales afirmaciones involucran un juicio descriptivo como el siguiente: “en los hechos, hoy, en la Argentina, se están favoreciendo los derechos humanos de los delincuentes, mientras se descuidan los derechos de las pobres víctimas”.
Apenas reflexionamos unos instantes sobre esta idea, sin embargo, se advierte que ella es, más que falsa, groseramente falsa. Resulta demasiado obvio que en nuestro país en la actualidad se violan cada día, y de modo gravísimo, los derechos de los que cometieron (o son acusados de haber cometido) ofensas hacia los demás, muy especialmente si ellos provienen de sectores económicamente desaventajados.
Esas violaciones gravísimas incluyen la detención por años de personas a las que no se les ha probado la comisión de delito alguno; la privación de libertad a personas que han cometido delitos menores, y condiciones extremas, brutales, violentas para los que ya están encerrados. Es decir, descriptivamente, lo que la realidad nos muestra, sin ambages, sin ambigüedades, sin margen de duda alguno, es exactamente lo contrario de lo que aquella proposición vendría a sugerir. Si hoy tenemos un problema grave en materia de inseguridad, entonces, sin dudas, ése no es el de que el Estado argentino se está excediendo en la protección de los derechos de los delincuentes.
Una segunda posibilidad sería que al decir “estamos cansados de los derechos humanos de los delincuentes” se esté haciendo referencia a una explicación referida a la imposibilidad material de proteger, al mismo tiempo, los derechos de las víctimas y los derechos de los criminales. Pero esta respuesta también es, fundamentalmente, falsa: en los aspectos más básicos, resulta obvio que se pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo.
Asegurarles a todos un juicio justo (escuchar a los acusados; asegurar que las pruebas de un juicio no sean inventadas); impedir la tortura; no encerrar a quien no ha sido encontrado culpable de ningún crimen; evitar que se trate a los detenidos como animales es perfectamente compatible con tener un presupuesto adecuado en materia de seguridad, o velar por la recuperación de las víctimas y la restauración de sus derechos. Es decir, no es en absoluto cierto que si queremos cuidar la seguridad de “los buenos ciudadanos” sea necesario, de algún modo, reducir los cuidados básicos hacia delincuentes.
Tercero, la afirmación sobre el “exceso” de respeto hacia los derechos de los delincuentes podría ser normativa, es decir, estar dirigida a afirmar que “debe darse menos protección a los derechos de los delincuentes, porque ellos no se merecen ningún cuidado, dada la gravedad de lo que han hecho”.
Ahora bien, si las dos observaciones anteriores eran –en su esencia– fácticamente falsas, ésta es valorativamente inaceptable. Hay cantidad de problemas serios con esta idea. Primero, respetar los derechos de los delincuentes no significa premiar a los criminales ni dejar de reprocharles sus eventuales faltas, sino impedir que se los trate inhumanamente, o que se condene a inocentes porque “necesitamos condenar a alguien”, como muchas veces ocurre.
Segundo, los derechos no están reservados para los que se comportan decentemente o los que no cometen faltas (graves), sino para todos, por el solo hecho de ser personas. Tercero, los derechos no son disponibles o removibles de acuerdo al humor de algunos, sino lo contrario de ello: su virtud es, por suerte, la de no estar sujetos a la buena voluntad de nadie.
Finalmente, puede que con la idea de “los derechos humanos de los delincuentes” se esté pensando en que, en nuestro país, algunos o muchos eventuales culpables de crímenes no quedan encerrados. Pero esta idea también es muy pobre. Primero, tenemos una proporción de presos alta y creciente, y no baja. Segundo, si hay gente responsable de crímenes que no es condenada debido a las argucias o trampas de sus abogados, ésa no es responsabilidad de los “derechos humanos”, por lo que conviene no ensuciar el término de ese modo.
Tercero, si lo que ocurre es que algunos no quedan detenidos porque no se prueba su culpabilidad, eso no es un “exceso” de respeto de los derechos, sino sólo un acto justo, porque nadie quiere que se encierre a los que no son culpables de delito alguno (¿o sí?). Finalmente, pero esto da para otra discusión, no es cierto –por fortuna– que las únicas respuestas que tenemos a mano frente al crimen son las respuestas extremas, draconianas, que empiezan, como en nuestro país, con la privación de la libertad en condiciones infrahumanas. Es decir, condenar no es ni debe ser igual a “dejar encerrado a alguien”.
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