OTRA MAS DE LA JUSTICIA ARGENTINA, Y VAN.....

El juez Dr. Walter Bento autorizó a Eduardo Smaha a descansar en Mar del Plata, desde el 10 de enero hasta el 5 de marzo de 2009.


Eduardo Smaha
Inspector C.C.
Legajo Nº 599-A
Fecha de Nac: 26-12-48
D.N.I. 6.900.976

Registra varios domicilios.
Se retiró de la Policía de Mendoza el 1 de enero de 1996 como Comisario Mayor.

Oficial Inspector de la Policía de Mendoza.
Durante la dictadura militar en Mendoza (Zona 3, subzona 33.1), Smaha que era un joven oficial de la Policía Provincial, se desempeñaba en Inteligencia. Tenía la tarea de enlace entre el D2 y el Comando Militar de la Sub zona. Integraba el COT (Comando de Operaciones Táctico) y trabajaba con el Departamento 162 de Inteligencia.

En el año 1986 la Cámara Federal de Mendoza, que había asumido la instrucción de las causas por delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la dictadura, citó a Smaha a prestar declaración indagatoria imputado prima facie de los delitos investigados en las siguientes causas por Desaparición Forzada u Homicidios:
49.196-V-735 “Vargas Álvarez, Jorge sobre desaparición”
47.585-F-9730/2 José Antonio Rossi Fiscal sobre averiguación de delito
49.129-R-2028 “Alicia Cora Raboy”
47.585-.F-9730/4 “Olga Inés Roncelli”
49.173-T-581 “Rosario Aníbal Torres”
49.179-M-2568 “Moyano Salvador”
49.184-R-2030 “Osvaldo Sabino Rosales”

Y en las siguientes causas por Privación Ilegítima de la Libertad y Tormentos:
49.177-S-1855 “Víctor Manuel Sabatini”.
49.198-Z-267 “Nicolás Zárate” y sus acumuladas 49.151-A-1585 “Aquaviva Raúl Eduardo”. 49.150-H-276 “Hervida, Alberto Daniel”. 49.130-R-2029 “Rodríguez Peralta, Miguel Angel”, 49.146-N-461 “Neirotti, Nerio”. 49.126-P-2.269 “París, Eugenio Ernesto”

En la misma época el lugar que Smaha ocupaba en la represión fue reconocido por su propio jefe, por el propio jefe del D2, Comisario Pedro Sánchez Camargo en su declaración indagatoria, hoy agregada como prueba en la mayoría de las causas reimpulsadas.

Según las declaraciones judiciales de los suboficiales que componían el personal permanente del D2: Mario Torres, Norma Torres, Rubén González, Timoteo Rosales, José Rocato, Miguel Salinas, Hugo Puebla, Regino Ríos, Rubén Blanco, Mario Gómez, María Bologovich, el Cabo Juan Carlos Quiñones, el cabo Moroy Suárez y el cabo Ricardo Vázquez; (en la causa por el asesinato de Miguel Ángel Gil) Eduardo Smaha participaba en los interrogatorios de las personas secuestradas en el D2.

El testigo Arturo Elías Rodríguez lo denunció como la persona que dirigía a la patota que ingresó a su domicilio por error, para realizar un operativo de secuestro.

Por fotografías fue reconocido por numerosos testigos.

El Juzgado Federal Nº1 de Mendoza que entiende en las causas, reinstruyó las mismas a partir de la nulificación de las Leyes de Impunidad y es por eso, que Smaha no fue detenido y/o citado a prestar declaración indagatoria de inmediato, de acuerdo al estado en que habían sido clausuradas aquella causas.

En las nuevas, se encuentra imputado en las siguientes:
086-F Miguel ángel Gil (Tormentos seguidos de muerte);
027-F Francisco Urondo (Homicidio) y Alicia Cora Raboy (su desaparición);
024-F Aníbal Torres y Domingo Britos (desaparecidos).
Sánchez Camargo agrega que Smaha y Fernández participaron de la comisión que viajó a San Luis, que habría traído a los ex policías Torres y Britos, vistos en el D-2, hoy desaparecidos.


El desempeño de Smaha en el D2 fue entre 1974 y 1981.

En 1975 aprobó el curso de Inteligencia para Personal Superior de las policías Provinciales, que se realizó en la Escuela Nacional de Inteligencia.

En 1975 realizó el 5º curso de Inteligencia para personal Superior de Policías Provinciales, organizado por la Escuela Nacional de Inteligencia, dependiente de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE).

En 1976 fue felicitado por el Jefe de Policía por haber detectado, desbaratado y aprehendido a una célula de delincuentes subversivos. Esta actividad dio origen a la causa Fs. c/Rabanal, Daniel y otros en Av. Infracc. Ley 20.840: 35.1613-B-76; fue un numeroso grupo de detenidos en el D2, militantes de Montoneros entre los cuales hay varios desaparecidos y murió por torturas Miguel Ángel Gil.

Las recomendaciones en su legajo personal dicen “se ha capacitado para esa delicada actividad a la cual no se puede integrar gente sin experiencia en la especialidad”; y se destaca “su perfecta adaptación a la tarea investigativa en la que muestra perspicacia y sagacidad, a más de desempeñarse a la perfección en la faz sumarial donde demuestra su conocimiento y experiencia”.

EL DIA EN QUE A LA JUSTICIA FEDERAL SE LE CAYO LA CARETA

La Justicia ordenó la libertad de Alfredo Astiz y del "Tigre" Acosta
La Cámara Nacional de Casación Penal dispuso la liberación de los ex capitanes de navío y otros nueve procesados por violaciones a los derechos humanos; la excarcelación "no se hará efectiva de manera inmediata"

La Cámara Nacional de Casación Penal dispuso la libertad de los ex capitanes de navío, Alfredo Astiz y Jorge "El tigre" Acosta y otros nueve marinos procesados por violaciones a los derechos humanos aunque la decisión "no se hará efectiva de manera inmediata" porque antes deben fijarse las cauciones a los detenidos, anticiparon fuentes judiciales.
Astiz, Acosta y los otros marinos acusados por violaciones a los derechos humanos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar, deberán esperar las cauciones que dispondrá el juez federal Sergio Torres para poder obtener el beneficio dispuesto por la Cámara de Casación Penal.
Además de los capitanes de navio, obtuvieron la excarcelación los ex oficiales de la armada Raúl Scheller, Juan Carlos Rolón, Jorge Rádice, Raúl González, Ernesto Weber, Antonio Pernías, Víctor Cardo, Alberto González y Néstor Savio.
El fallo de la Sala II de ese tribunal se basó en el tiempo de detención sin sentencia de los represores.
Queja por las condiciones carcelarias. El ex marino, imputado en varias causas por crímenes cometidos durante la última dictadura militar, había presentado en abril pasado una queja ante la Justicia debido a sus condiciones de detención.
El ex jefe de la ESMA, el mayor centro clandestino de detención de esos años, había manifestado que estar alojado en el pabellón denominado de "lesa humanidad" de la cárcel de Marcos Paz le provocaba "efectos psicofísicos".
En una carta manuscrita de cinco carillas que la defensora oficial Verónica Blanco adjuntó a los expedientes en los que está imputado, el represor explicó que su alojamiento en una cárcel común es parte de una "persecución jurídico-política", a la que afirma estar sometido "desde hace muchísimo tiempo".
En tanto, Astiz aguardará en libertad el comienzo del juicio oral en la causa que investiga los crímenes de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, secuestradas durante la dictadura militar.
Cárcel común. Acosta y otros militares acusados de secuestros, asesinatos y torturas que se encontraban alojados en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas fueron trasladados a cárceles comunes por decisión del juez federal Sergio Torres, a cargo de la megacausa que investiga los crímenes cometidos en la ESMA entre 1976 y 1983.
La medida fue dispuesta después de la extraña muerte del subprefecto Héctor Febres, envenenado con cianuro mientras cumplía su prisión preventiva en una dependencia de la Prefectura en el Tigre. Todavía no se determinó fehacientemente si fue un suicidio o un asesinato.
"Esta situación [en relación con estar detenido en una cárcel común] me agravia en grado sumo y ataca mis derechos personalísimos", había indicado.
Entre otros casos, Acosta está procesado por el secuestro y desaparición de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de De Vicenti, y de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.
Según varios testimonios de sobrevivientes de la ESMA, Acosta solía jactarse delante de ellos de ser Dios. "Yo decido quién se va al «cielo»", solía decir, en relación con los denominados "vuelos de la muerte" desde los cuales arrojaban detenidos al mar.