Familiares de ex obreros de la
planta de Molinos Río de la Plata esperan que la justicia investigue la
desaparición de 22 trabajadores de la firma que fueron secuestrados y
desaparecidos durante la última dictadura. Entre junio y diciembre de 1976,
fueron víctimas de un plan que descabezó la organización gremial y de la
Agrupación 17 de Octubre – Juventud Trabajadora Peronista (JTP) dentro de la
fábrica que perteneció hasta 1998 a Bunge & Born.
La presentación fue realizada en
el Juzgado Federal N° 2 de La Plata, a cargo de Humberto Blanco, en junio
pasado. Ceferino Mataboni, Analía Fernández, y Roxana Freitas solicitaron que
se investigue la responsabilidad de dueños y directivos de la empresa “en la
comisión de delitos de lesa humanidad” en el marco del plan sistemático de
desaparición de personas instrumentado a partir del 24 de marzo de 1976.
“Mi viejo entró a laburar en
Molinos con otros compañeros de la Agrupación 17 de Octubre en 1974 porque
ganaron la comisión interna”, contó Ceferino a Infojus
Noticias. El último dato certero que tiene sobre su padre,
Rubén Mataboni, es del 3 de diciembre de 1976. Ese día un grupo de tareas
esperó a Rubén en la puerta de un edificio donde hacía trabajos de pintura. Más
temprano habían “chupado” a su hijo de 15 años y a otros dos ex trabajadores de
la fábrica, Carlos Espíndola y José Salazar (el primero de ellos había sido
delegado gremial).
Los operarios de la empresa de
alimentos desaparecidos entre 1976 y 1978 fueron secuestrados en distintas
circunstancias: en sus domicilios, mientras aguardaban el colectivo que los
llevaba a su trabajo y hasta al ingresar a la planta que Molinos tiene en Dean
Funes 90, en Avellaneda.
A Ceferino los vecinos le
contaron que cuando su padre llegó ya se habían llevado a los otros. El hombre
pidió a gritos por su hijo adolescente y como respuesta le dispararon, después
le tiraron el auto encima. “A mi hermano lo llevaron a un edificio grande. Ahí
escuchó que ‘el pájaro grande ya había caído en la jaula’ y al rato lo
soltaron” contó Mataboni. Por el relato de sobreviviente pudo saber que
Espíndola y Salazar estuvieron en el centro clandestino de detención Garaje
Azopardo y que con ellos estaba “un hombre que estaba muy mal, muy golpeado al
que los sobrevivientes no pudieron identificar”.
Junto a los hijos de los
detenidos-desaparecidos Francisco Fernández y Avelino Freitas, Mataboni se
presentó en la causa como querellante. Pero en la causa, asesorados por el
abogado Javier Garin, pidieron que se acumulen todos los casos. Cuentan para
esto con el apoyo de la Unidad Especializada de Investigación de la Secretaría
de Derechos Humanos a cargo de Claudio Yacoy, en el municipio de Avellaneda.
“En la base de datos del organismo tenemos identificadas por lo menos 335
víctimas. Pero seguimos trabajando porque, por ejemplo en el sector 134 del
cementerio de Avellaneda se encontraron cientos de cuerpos en las fosas comunes
y aún se está trabajando en su identificación”, dijo Yacoy.
Los hijos de los trabajadores
desaparecidos de la fábrica de alimentos esperan que se pueda demostrar la
responsabilidad que le puede caber a los propietarios, gerentes y directivos de
la empresa. Después del secuestro de Juan y Jorge Born en septiembre de 1974,
comenzaron las persecuciones en la fábrica. En los casilleros los delegados
gremiales y militantes de la Agrupación 17 de Octubre empezaron a encontrar
flores, balas y dibujos de ataúdes.
El primer día después del golpe,
muchos dejaron de ir a trabajar. Algunos, como Rubén Mataboni, ya lo habían
hecho presionados por Parodi, el gerente de la fábrica, y por Miura, jefe de
personal. Pero ninguno escapó a la redada que se desató el primero de julio.
Ese día, a las 5 de la madrugada se llevaron a Avelino “Chiche” Freitas, el
primer delegado de la agrupación que había ganado las elecciones en la fábrica.
Lo esperaron en la esquina de su casa, donde todos los días tomaba el colectivo
para ir a trabajar.
Pocos días después, directamente
fueron a la fábrica y con una lista confeccionada por los directivos se
llevaron a más de70 trabajadores. La pesquisa terminó en diciembre, el 2 de
diciembre secuestraron al delegado general de la fábrica Marco Augusto Vázquez
en su domicilio, al día siguiente fueron a buscar a Mataboni y sus compañeros.
Sus familiares ahora esperan que
los hechos se investiguen de manera conjunta. La denuncia que recayó en la
Unidad Fiscal Federal de La Plata que investiga las causas por crímenes de la
dictadura, aún no reúne avances. “No está resulta la cuestión de la
competencia”, especificó a Infojus Noticias el fiscal Gerardo Fernández. Pero como
hay testigos de edad avanzada, desde la fiscalía solicitaron al juez Blanco que
esas declaraciones se tomen de manera anticipada. La competencia quedará
determinada una vez que se establezca “cuál es el tipo de responsabilidad que
le puede caber a los directivos de la empresa”, concluyó Fernández.
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Vivir y morir en El Infierno
Un nuevo informe
revela detalles sobre cómo funcionó el centro clandestino El Infierno, que fue
operativo en la Brigada de Investigaciones de Lanús, que dependía del área que
dirigía Miguel Etchecolatz. Entre 1976 y 1979 cumplieron funciones allí unos
200 policías. Los sobrevivientes recuerdan las torturas, los calabozos mínimos
y la humillación diaria.
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