Tratan de determinar la responsabilidad
de los directivos de la empresa
Buscan activar la causa por las desapariciones en
Molinos Río de la Plata
Los familiares de ex obreros de
la fábrica esperan que la justicia investigue la desaparición de 22 trabajadores
que fueron secuestrados y desaparecidos durante junio y diciembre de 1976. La
presentación fue realizada en el Juzgado Federal N° 2 de La Plata.
- Por: Milva Benitez
ANTECEDENTES
Familiares
de ex obreros de la planta de Molinos Río de la Plata esperan que la
justicia investigue la desaparición de 22 trabajadores de la firma que fueron
secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura. Entre junio y
diciembre de 1976, fueron víctimas de un plan que descabezó la organización
gremial y de la Agrupación
17 de Octubre – Juventud Trabajadora Peronista (JTP) dentro de la fábrica que
perteneció hasta 1998 a
Bunge & Born.
La
presentación fue realizada en el Juzgado Federal N° 2 de La Plata , a cargo de Humberto
Blanco, en junio pasado. Ceferino Mataboni, Analía Fernández, y Roxana Freitas
solicitaron que se investigue la responsabilidad de dueños y directivos de la
empresa “en la comisión de delitos de lesa humanidad” en el marco del plan
sistemático de desaparición de personas instrumentado a partir del 24 de marzo
de 1976.
“Mi
viejo entró a laburar en Molinos con otros compañeros de la Agrupación 17 de Octubre
en 1974 porque ganaron la comisión interna”, contó Ceferino a Infojus
Noticias. El último dato certero que tiene sobre su padre, Rubén
Mataboni, es del 3 de diciembre de 1976. Ese día un grupo de tareas esperó a
Rubén en la puerta de un edificio donde hacía trabajos de pintura. Más temprano
habían “chupado” a su hijo de 15 años y a otros dos ex trabajadores de la
fábrica, Carlos Espíndola y José Salazar (el primero de ellos había sido
delegado gremial).
Los
operarios de la empresa de alimentos desaparecidos entre 1976 y 1978 fueron
secuestrados en distintas circunstancias: en sus domicilios, mientras
aguardaban el colectivo que los llevaba a su trabajo y hasta al ingresar a la
planta que Molinos tiene en Dean Funes 90, en Avellaneda.
A
Ceferino los vecinos le contaron que cuando su padre llegó ya se habían llevado
a los otros. El hombre pidió a gritos por su hijo adolescente y como respuesta
le dispararon, después le tiraron el auto encima. “A mi hermano lo llevaron a
un edificio grande. Ahí escuchó que ‘el pájaro grande ya había caído en la
jaula’ y al rato lo soltaron” contó Mataboni. Por el relato de sobreviviente
pudo saber que Espíndola y Salazar estuvieron en el centro clandestino de
detención Garaje Azopardo y que con ellos estaba “un hombre que estaba muy mal,
muy golpeado al que los sobrevivientes no pudieron identificar”.
Junto
a los hijos de los detenidos-desaparecidos Francisco Fernández y Avelino
Freitas, Mataboni se presentó en la causa como querellante. Pero en la causa,
asesorados por el abogado Javier Garin, pidieron que se acumulen todos los
casos. Cuentan para esto con el apoyo de la Unidad Especializada
de Investigación de la
Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Claudio Yacoy, en
el municipio de Avellaneda. “En la base de datos del organismo tenemos
identificadas por lo menos 335 víctimas. Pero seguimos trabajando porque, por
ejemplo en el sector 134 del cementerio de Avellaneda se encontraron cientos de
cuerpos en las fosas comunes y aún se está trabajando en su identificación”, dijo
Yacoy.
Los
hijos de los trabajadores desaparecidos de la fábrica de alimentos esperan que
se pueda demostrar la responsabilidad que le puede caber a los propietarios,
gerentes y directivos de la empresa. Después del secuestro de Juan y Jorge Born
en septiembre de 1974, comenzaron las persecuciones en la fábrica. En los
casilleros los delegados gremiales y militantes de la Agrupación 17 de
Octubre empezaron a encontrar flores, balas y dibujos de ataúdes.
El
primer día después del golpe, muchos dejaron de ir a trabajar. Algunos, como
Rubén Mataboni, ya lo habían hecho presionados por Parodi, el gerente de la
fábrica, y por Miura, jefe de personal. Pero ninguno escapó a la redada que se
desató el primero de julio. Ese día, a las 5 de la madrugada se llevaron a
Avelino “Chiche” Freitas, el primer delegado de la agrupación que había ganado
las elecciones en la fábrica. Lo esperaron en la esquina de su casa, donde
todos los días tomaba el colectivo para ir a trabajar.
Pocos
días después, directamente fueron a la fábrica y con una lista confeccionada
por los directivos se llevaron a más de70 trabajadores. La pesquisa terminó en
diciembre, el 2 de diciembre secuestraron al delegado general de la fábrica
Marco Augusto Vázquez en su domicilio, al día siguiente fueron a buscar a
Mataboni y sus compañeros.
Sus
familiares ahora esperan que los hechos se investiguen de manera conjunta. La
denuncia que recayó en la
Unidad Fiscal Federal de La Plata que investiga las causas por crímenes de la
dictadura, aún no reúne avances. “No está resulta la cuestión de la
competencia”, especificó a Infojus Noticias el fiscal Gerardo
Fernández. Pero como hay testigos de edad avanzada, desde la fiscalía
solicitaron al juez Blanco que esas declaraciones se tomen de manera
anticipada. La competencia quedará determinada una vez que se establezca “cuál
es el tipo de responsabilidad que le puede caber a los directivos de la
empresa”, concluyó Fernández.
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