Las garras amenazan y el miedo muchas veces paraliza, por eso los menores son las principales víctimas de las aberraciones adultas. Explotación sexual, el maltrato en su máxima expresión. Agrandar Reducir Restablecer El continente anualmente recibe millones de personas dispuestas a conocer, las maravillas latinoamericanas. De un extremo al otro, se ofrece belleza: lugares cargados de historia, ciudades pintorescas con personajes entrañables y playas paradisíacas.
En fin, paisajes dignos de una postal, componen un amplio paquete turístico, que los extranjeros pagan gustosos, todo sea por disfrutar. Pero no sólo eso, ahora América Latina se han convertido en el epicentro del turismo sexual.
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuando se habla de turismo se hace referencia a las “actividades que realizan las personas durante sus viajes, en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo con fines de ocio”. En este caso, para mantener relaciones sexuales.
El auge de esta nueva “modalidad”, se debe al vacío legal, que lamentablemente afecta a casi toda América Latina. Pero no sólo eso actúa como denominador común, sino también, el hecho de que las principales víctimas son los menores de edad, de ambos sexos. De acuerdo a datos del Consejo Nacional del Menor, extraídas del diario nacional Clarín, las edades preferidas por los pedófilos son de 8 años en el caso de las nenas y 12 años de los nenes.
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuando se habla de turismo se hace referencia a las “actividades que realizan las personas durante sus viajes, en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo con fines de ocio”. En este caso, para mantener relaciones sexuales.
El auge de esta nueva “modalidad”, se debe al vacío legal, que lamentablemente afecta a casi toda América Latina. Pero no sólo eso actúa como denominador común, sino también, el hecho de que las principales víctimas son los menores de edad, de ambos sexos. De acuerdo a datos del Consejo Nacional del Menor, extraídas del diario nacional Clarín, las edades preferidas por los pedófilos son de 8 años en el caso de las nenas y 12 años de los nenes.
La prostitución y el trabajo infantil, está estrictamente ligada a la pobreza, (Ver: “Un antiguo fantasma que resurge”. APM 11/09/07). Las víctimas viven en un ambiente de marginalidad, al que suele sumarse un entorno familiar inestable y un precario -e inexistente- nivel educativo. Todo esto, está estrictamente relacionado con la falta de políticas por parte de los Estados, que “facilitan” el desarrollo de estas actividades denigrantes.
Los artículos 34 y 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establecen que los gobiernos deben proteger a los menores de todas las formas de explotación y abusos sexuales, dado que estas actividades, ponen en riesgo su integridad física y psíquica.
Además, el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, establece que los responsables deben ser criminalizados y castigados, porque estos delitos son considerados de lesa humanidad. Según lo establece el Estatuto de Roma dichos crímenes, son que aquellos desarrollados por el propio Estado “a través de una política que atenta sistemáticamente contra los derechos fundamentales de una sociedad civil o un grupo determinado de esta”.
Pero muy poco se hace al respecto y no es casual, por fuerte que pueda parecer esta afirmación. Sobre todo si se tiene en cuenta, que la explotación sexual, es la tercera categoría más lucrativa en el ámbito internacional, por debajo del narcotráfico y de la venta de armas, ya que produce una ganancia anual que oscila entre los 5 y los 7 billones de dólares.
En los principales países del llamado “Primer Mundo” existe una reglamentación que prohíbe practicar estas actividades. Pero al parecer, los turistas que llegan a Latinoamérica, buscan satisfacer aquello que en sus países tienen vedado. Es por esto, que según el director regional de Unicef para América latina y el Caribe, Nils Kastberg, en la región el turismo sexual es “un problema de gravedad”.
La OMT aporta datos importantes a tener presentes, que aseguran que el 0,6 por ciento de las personas que viajan en todo el mundo, son “turistas sexuales”. El principal destino para concretar estas prácticas, es México, asegura la Red de Organizaciones Trabajando para la Eliminación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ECPAT).
La prostitución infantil está a la orden del día y es una práctica extendida por todo el continente. Por lo que Brasil no escapa de este flagelo, sobre todo en los grandes centros turísticos del nordeste del país, o en grandes ciudades como Río de Janeiro y San Pablo. En estos lugares, según el diario brasileño “Correio Braziliense”, los menores reciben 3 reales (1,64 dólares) por cada encuentro sexual.
Además, el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, establece que los responsables deben ser criminalizados y castigados, porque estos delitos son considerados de lesa humanidad. Según lo establece el Estatuto de Roma dichos crímenes, son que aquellos desarrollados por el propio Estado “a través de una política que atenta sistemáticamente contra los derechos fundamentales de una sociedad civil o un grupo determinado de esta”.
Pero muy poco se hace al respecto y no es casual, por fuerte que pueda parecer esta afirmación. Sobre todo si se tiene en cuenta, que la explotación sexual, es la tercera categoría más lucrativa en el ámbito internacional, por debajo del narcotráfico y de la venta de armas, ya que produce una ganancia anual que oscila entre los 5 y los 7 billones de dólares.
En los principales países del llamado “Primer Mundo” existe una reglamentación que prohíbe practicar estas actividades. Pero al parecer, los turistas que llegan a Latinoamérica, buscan satisfacer aquello que en sus países tienen vedado. Es por esto, que según el director regional de Unicef para América latina y el Caribe, Nils Kastberg, en la región el turismo sexual es “un problema de gravedad”.
La OMT aporta datos importantes a tener presentes, que aseguran que el 0,6 por ciento de las personas que viajan en todo el mundo, son “turistas sexuales”. El principal destino para concretar estas prácticas, es México, asegura la Red de Organizaciones Trabajando para la Eliminación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ECPAT).
La prostitución infantil está a la orden del día y es una práctica extendida por todo el continente. Por lo que Brasil no escapa de este flagelo, sobre todo en los grandes centros turísticos del nordeste del país, o en grandes ciudades como Río de Janeiro y San Pablo. En estos lugares, según el diario brasileño “Correio Braziliense”, los menores reciben 3 reales (1,64 dólares) por cada encuentro sexual.
Se mire desde el punto de vista que se mire, la prostitución infantil es una de las prácticas más degradantes, y es sin dudas una de las máximas expresiones de violencia. Pero sin dudas uno de los mayores problemas que se ponen al descubierto en la lucha contra la explotación sexual infantil, es la existencia de clientes que hacen rentables estas actividades
De acuerdo a datos publicados por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), cada año caen en las redes de la “explotación sexual comercial de la infancia”, alrededor de un millón de menores, en su mayoría niñas, pero también un número considerable de niños en todo el mundo.
En Argentina, la situación no es menor y a veces es mucho más preocupante. Según la legisladora chaqueña, Clelia Ávila “más del 90 por ciento de las secuestradas, pertenecen a las provincias del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones y son llevadas a la Capital Federal, donde son utilizadas para el denominado ‘turismo sexual’ ”.
Las autoridades nacionales, que en este caso deberían operar a través de la Secretaría de Turismo, parecen haber omitido un pequeño detalle: su obligación es proteger a los ciudadanos, sobre todo a los niños que son los más vulnerables.
Pero además, por si fuera poco, hay otra “ventaja” para aquellos que gustan de estos servicios: el tipo de cambio monetario. La suma de todo esto, ha hecho que Argentina también se posicione como uno de los principales destinos, para llevar a cabo este tipo de actividades penadas en otros países.
De acuerdo a datos publicados por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), cada año caen en las redes de la “explotación sexual comercial de la infancia”, alrededor de un millón de menores, en su mayoría niñas, pero también un número considerable de niños en todo el mundo.
En Argentina, la situación no es menor y a veces es mucho más preocupante. Según la legisladora chaqueña, Clelia Ávila “más del 90 por ciento de las secuestradas, pertenecen a las provincias del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones y son llevadas a la Capital Federal, donde son utilizadas para el denominado ‘turismo sexual’ ”.
Las autoridades nacionales, que en este caso deberían operar a través de la Secretaría de Turismo, parecen haber omitido un pequeño detalle: su obligación es proteger a los ciudadanos, sobre todo a los niños que son los más vulnerables.
Pero además, por si fuera poco, hay otra “ventaja” para aquellos que gustan de estos servicios: el tipo de cambio monetario. La suma de todo esto, ha hecho que Argentina también se posicione como uno de los principales destinos, para llevar a cabo este tipo de actividades penadas en otros países.
De hecho se dice que Buenos Aires se ha convertido en “La Meca” del turismo sexual, sobre todo infantil. Basta tener presente los datos al respecto, para darse cuenta que esa afirmación es real: alrededor de 5 mil niños se prostituyen en las calles de dicha ciudad.
Para que esta degradación a la infancia pueda frenarse, necesariamente hay que "desarmar redes de trata y complicidades, en los ámbitos político, judicial y policial", señaló Fabiana Tuñes, directora de la organización no gubernamental “Casa Encuentro”, en un informe realizado por el Diario Popular.
Es importante resaltar que el turismo sexual, la trata de personas y la prostitución infantil, son 3 actividades que van de la mano y que crecen en forma alarmante. Esto se debe a que son negocios lucrativos, controlados por mafias criminales que operan en el ámbito internacional, con el respaldo de aquellos que debieran poner límites a estas prácticas.
En el año 1926 la “Convención sobre la Esclavitud” decidió abolir el acto por el que “un individuo está bajo el dominio de otro, perdiendo la capacidad de disponer libremente de sí mismo”. Sin embargo poco importa que exista dicho Tratado Internacional, porque hoy en día, la trata de personas en todas sus formas -el 90 por ciento se traduce en explotación sexual-, es sin lugar a dudas la “esclavitud del Siglo XXI”.
Para que esta degradación a la infancia pueda frenarse, necesariamente hay que "desarmar redes de trata y complicidades, en los ámbitos político, judicial y policial", señaló Fabiana Tuñes, directora de la organización no gubernamental “Casa Encuentro”, en un informe realizado por el Diario Popular.
Es importante resaltar que el turismo sexual, la trata de personas y la prostitución infantil, son 3 actividades que van de la mano y que crecen en forma alarmante. Esto se debe a que son negocios lucrativos, controlados por mafias criminales que operan en el ámbito internacional, con el respaldo de aquellos que debieran poner límites a estas prácticas.
En el año 1926 la “Convención sobre la Esclavitud” decidió abolir el acto por el que “un individuo está bajo el dominio de otro, perdiendo la capacidad de disponer libremente de sí mismo”. Sin embargo poco importa que exista dicho Tratado Internacional, porque hoy en día, la trata de personas en todas sus formas -el 90 por ciento se traduce en explotación sexual-, es sin lugar a dudas la “esclavitud del Siglo XXI”.
La problemática que hoy azota a todo el continente, pero que se extiende a nivel mundial, está en agenda internacional hace varios años. En 1999 la OMT, elaboró un Código Ético con el objetivo de prevenir los casos de turismo sexual, pero muy poco se ha avanzado al respecto, porque las cifras siguen siendo elevadas, y las leyes casi inexistentes.
En Argentina, al igual que en otros países, las zonas fronterizas son los principales lugares de operación para la trata de personas, por la falta de controles (Ver: “Las mujeres en la mira”. APM 23/12/2007). "En la zona de la Triple Frontera (...) se han detectado diversos mecanismos de oferta de menores de edad para la actividad sexual a través de Internet o la prensa escrita", así lo advierte un documento publicado con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Lógicamente existen sectores de la sociedad que niegan la existencia de estas prácticas, pero la realidad demuestra que el número de niños sometidos a estas vejaciones es asombroso, como consecuencia directa de la situación de pobreza y desprotección en la que se encuentran.
Hay datos indignantes, que demuestran que la propia familia, es la que obliga a los menores a prostituirse, para llevar el dinero al hogar. Lo cual deja al descubierto la falta de educación, de oportunidades y la falta de intervención de un gobierno que debe garantizar el bienestar del pueblo.
En Argentina, al igual que en otros países, las zonas fronterizas son los principales lugares de operación para la trata de personas, por la falta de controles (Ver: “Las mujeres en la mira”. APM 23/12/2007). "En la zona de la Triple Frontera (...) se han detectado diversos mecanismos de oferta de menores de edad para la actividad sexual a través de Internet o la prensa escrita", así lo advierte un documento publicado con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Lógicamente existen sectores de la sociedad que niegan la existencia de estas prácticas, pero la realidad demuestra que el número de niños sometidos a estas vejaciones es asombroso, como consecuencia directa de la situación de pobreza y desprotección en la que se encuentran.
Hay datos indignantes, que demuestran que la propia familia, es la que obliga a los menores a prostituirse, para llevar el dinero al hogar. Lo cual deja al descubierto la falta de educación, de oportunidades y la falta de intervención de un gobierno que debe garantizar el bienestar del pueblo.
Las redes de trata de personas operan en la clandestinidad, es por esto, que los casos de secuestro y explotación sexual, no son muy conocidos, e incluso muchas veces no son denunciados. Para Francisco González-Bueno, presidente de Unicef España, el turismo sexual es "una práctica oculta de la que no existen datos fiables, porque las víctimas son menores y los hechos no son denunciados, ni siquiera por sus padres o tutores, que generalmente obtienen un beneficio económico por permitirlo".
La prostitución que se ve en las calles, es ínfima, en comparación con las cifras de jóvenes que son obligadas a “ofrecer” servicios sexuales dentro de estos círculos. Los datos de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) reflejan que aproximadamente 100.000 personas “ingresaron” al circuito en América Latina.
Como consecuencia del mal llamado “trabajo”, los menores están expuestos no solo a la degradación psicológica, sino también a embarazos no deseados, a una brutal violencia y a enfermedades de transmisión sexual que pueden cobrarse la vida de las víctimas.
Para intentar ponerle freno a esta situación, una de las prioridades de Unicef es realizar campañas para generar conciencia no sólo entre los turistas, sino en toda la sociedad, porque hay que tener en cuenta que la explotación sexual no es un trabajo y por lo tanto debe ser denunciada.
La prostitución que se ve en las calles, es ínfima, en comparación con las cifras de jóvenes que son obligadas a “ofrecer” servicios sexuales dentro de estos círculos. Los datos de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) reflejan que aproximadamente 100.000 personas “ingresaron” al circuito en América Latina.
Como consecuencia del mal llamado “trabajo”, los menores están expuestos no solo a la degradación psicológica, sino también a embarazos no deseados, a una brutal violencia y a enfermedades de transmisión sexual que pueden cobrarse la vida de las víctimas.
Para intentar ponerle freno a esta situación, una de las prioridades de Unicef es realizar campañas para generar conciencia no sólo entre los turistas, sino en toda la sociedad, porque hay que tener en cuenta que la explotación sexual no es un trabajo y por lo tanto debe ser denunciada.
Desde 1980, cada 27 de septiembre se celebra el día mundial del turismo, y si bien este año, el objetivo principal es el de desempeñar un rol activo que permita hacerle frente al doble reto de "responder al cambio climático y de mitigar la pobreza", es importante que se siga haciendo énfasis en la lucha contra el “turismo sexual”.
Para frenar el crecimiento desmedido de esta actividad, en algunos países de Europa, como España por ejemplo, se están realizando campañas impulsadas desde Unicef. Para González-Bueno es importante sensibilizar “tanto a aquellas personas que viajan desde España a destinos turísticos conocidos por ofertar este tipo de actividades, como a las compañías aéreas y agencias de viajes que son intermediarios".
Pero en Argentina, que es uno de los destinos turísticos para los pedófilos, también se están diseñando proyectos, que permitan frenar prácticas de este tipo. Por eso la diputada de la Coalición Cívica, Fernanda Gil Lozano, impulsa en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para “informar a los extranjeros que en Argentina está prohibido el turismo sexual y la trata de personas”.
A pesar de que cada año, el 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional Contra la Explotación Sexual, en reconocimiento de la llamada Ley Palacios -primer intento legislativo en el continente para combatir la prostitución de mujeres, niñas y niños- las víctimas aumentan año a año y los intentos por ponerle fin a la explotación de menores, no alcanzan.
Tal como reflexiona la abogada Ana Chávez, del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), en una entrevista realizada por la revista Caras y Caretas, “ningún chico nace cometiendo delitos y ningún chico a los 10 años decide que va a prostituirse y a consumir drogas, pero como no se visualiza el problema, no se elaboran políticas activas para la acción y represión de esos delitos que cometen los adultos hacia aquellos niños, ni políticas reparatorias para los niños víctimas de esos delitos”.
Es importante tener en cuenta que para alcanzar una real transformación, los cambios deben ser profundos, por eso es necesario el compromiso y la correcta participación de los gobiernos, y de la sociedad civil. Lamentablemente las víctimas están viviendo la vida al revés, y aunque suene pesimista, nadie está a salvo de las garras de aquellas bestias que trafican y se llenan los bolsillos con el sacrificio y la degradación de la infancia.
Para frenar el crecimiento desmedido de esta actividad, en algunos países de Europa, como España por ejemplo, se están realizando campañas impulsadas desde Unicef. Para González-Bueno es importante sensibilizar “tanto a aquellas personas que viajan desde España a destinos turísticos conocidos por ofertar este tipo de actividades, como a las compañías aéreas y agencias de viajes que son intermediarios".
Pero en Argentina, que es uno de los destinos turísticos para los pedófilos, también se están diseñando proyectos, que permitan frenar prácticas de este tipo. Por eso la diputada de la Coalición Cívica, Fernanda Gil Lozano, impulsa en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para “informar a los extranjeros que en Argentina está prohibido el turismo sexual y la trata de personas”.
A pesar de que cada año, el 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional Contra la Explotación Sexual, en reconocimiento de la llamada Ley Palacios -primer intento legislativo en el continente para combatir la prostitución de mujeres, niñas y niños- las víctimas aumentan año a año y los intentos por ponerle fin a la explotación de menores, no alcanzan.
Tal como reflexiona la abogada Ana Chávez, del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), en una entrevista realizada por la revista Caras y Caretas, “ningún chico nace cometiendo delitos y ningún chico a los 10 años decide que va a prostituirse y a consumir drogas, pero como no se visualiza el problema, no se elaboran políticas activas para la acción y represión de esos delitos que cometen los adultos hacia aquellos niños, ni políticas reparatorias para los niños víctimas de esos delitos”.
Es importante tener en cuenta que para alcanzar una real transformación, los cambios deben ser profundos, por eso es necesario el compromiso y la correcta participación de los gobiernos, y de la sociedad civil. Lamentablemente las víctimas están viviendo la vida al revés, y aunque suene pesimista, nadie está a salvo de las garras de aquellas bestias que trafican y se llenan los bolsillos con el sacrificio y la degradación de la infancia.
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Apenas entre dos y cinco horas diarias de clases: ésa es la reducida oferta educativa que reciben los adolescentes infractores o presuntos infractores de la ley penal encerrados en alguno de los institutos del país por orden judicial, según un relevamiento nacional realizado en forma conjunta por Unicef, el gobierno nacional y la Universidad Nacional de Tres de Febrero. El 60 por ciento de los establecimientos no les brinda formación laboral y casi el 50 por ciento, ni la posibilidad de realizar actividades deportivas o talleres artísticos.
Tan sólo en el 35 por ciento de los lugares de detención pueden jugar. Para estos chicos y jóvenes, la tele es prácticamente la única opción de distracción y entretenimiento. En alrededor de un 30 por ciento no hay libros disponibles. El acceso a una computadora es una opción casi inexistente, más aún a Internet: tan sólo en el 8 por ciento de los institutos hay conexión. En la mitad de los casos no les ofrecen educación sexual y reproductiva, en un tercio de los establecimientos ni siquiera reciben controles de enfermedades de transmisión sexual y VIH.
El informe es una fotografía del sistema penal juvenil en el segundo semestre de 2007, cuando se llevó a cabo el relevamiento en todo el país. Las sucesivas consultas y visitas realizadas a las provincias con posterioridad al período de análisis indican que los datos se mantienen sin grandes variaciones en la actualidad, señalan los autores del trabajo que se presentó dos meses atrás, pero cuyos resultados vale la pena refrescar, en el marco del debate que se originó por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó mantener en el Instituto San Martín a 60 chicos por cuya libertad se había presentado un hábeas corpus.
En total, se relevaron 6299 adolescentes menores de 18 años incluidos en dispositivos penales juveniles por orden judicial por estar sospechados o imputados de haber cometido algún delito. De ese número, 1529 estaban privados de su libertad en institutos de régimen cerrado, con alambrados o muros y agentes de seguridad que los controlan; y unos 270 permanecen internados en establecimientos de regímenes semicerrado y pueden, en general, salir para ir a la escuela o trabajar solos o supervisados por personal del lugar.
El resto, unos 4495 presuntos infractores, está bajo programas no privativos de la libertad, de acompañamiento y supervisión. Pero, la mayoría de esos programas “no está especializado” en el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal.
De todas formas, teniendo en cuenta un probable subregistro, el mismo informe eleva la cifra de adolescentes privados de su libertad a aproximadamente a 2163 y la del total incluido en algún dispositivo por la posible comisión de un delito a 6658.
El estudio se llama Hacia una mayor adecuación del sistema penal juvenil argentino a la Constitución Nacional y a los estándares internacionales en la materia. Fue elaborado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Oficina de Unicef-Argentina, con la apoyatura técnica de la Universidad Nacional Tres de Febrero.
Según los datos disponibles, se sabe que del total de detenidos el 38 por ciento está imputado o sospechado de delitos contra la propiedad sin armas; 32 por ciento, con armas; 15 por ciento, de homicidio; 4 por ciento, delitos contra la integridad sexual; 5 por ciento por causas vinculadas con estupefacientes; 2 por ciento, por atentado y resistencia a la autoridad y uno por ciento por privación ilegal de la libertad. Vale aclarar que en el 25 por ciento de los casos (447 situaciones) no se pudo colectar el motivo por el cual estaban encerrados.
Las mujeres representan sólo el 8 por ciento del total de adolescentes en distintos establecimientos (cerrados y semicerrados) y el 17 por ciento en programas.
En total se identificaron 119 institutos de menores en todo el territorio argentino y para el relevamiento se visitaron 72 de ellos. Para la concreción del informe, se entrevistó a directivos, profesionales, operadores y personal de seguridad. Y también a niños y adolescentes privados de libertad.
“De las entrevistas surge que un importante número de los chicos que hoy están con medidas de privación de libertad han pasado en su infancia por institutos asistenciales por causas sociales, tienen historias de repitencia y abandono escolar. Esto demuestra que las políticas de prevención del delito tienen que arrancar mucho antes que la respuesta judicial, logrando que todos los chicos puedan ir a la escuela y tengan acceso a la salud.
Cuando hay déficit en la satisfacción de esos derechos, aparece una señal de alarma: un porcentaje, aunque muy chico, de esos adolescentes desatendidos va a tener problemas con la ley penal. Pero la privación de la libertad tiene que ser la última medida”, señaló a Página/12 la abogada Gimol Pinto, especialista de Protección de Derechos de Unicef (ver aparte).
¿Han crecido los delitos cometidos por adolescentes? El relevamiento nacional encontró que el promedio diario de chicos menores de 16 años en establecimientos penales juveniles es de alrededor de 300, una cifra que representa menos del 20 por ciento del total incluidos en dispositivos penales. Sobre ellos es que algunos sectores –liderados por el gobernador Daniel Scioli–, pretenden aplicar mano más dura.
Aquí van algunas cifras –tal vez un tanto aburridas, pero necesarias– para arribar con mayores certezas a una respuesta, sin guiarse por la sensación de inseguridad que fogonean ciertos medios. Las estadísticas que pueden observarse en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires muestran que en el año 2000 se abrieron 23.105 causas penales en todos los tribunales de menores bonaerenses, al año siguiente 24.767, según datos suministrados desde la Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia.
La cifra siguió en aumento hasta el año 2004, en el que se abrieron 31.883 causas. En los tres años posteriores los números indican 29.548, 31.602 y 29.371 causas, correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007 respectivamente. Es decir, se verifica un aumento de la cantidad de causas que se abren a personas menores de edad de alrededor del 37 por ciento en el período 2000/2004, pero luego se produce un “amesetamiento” con leve tendencia a la baja en el período 2004/2007.
En el caso de la ciudad de Buenos Aires, y tomando como fuente al Ministerio Público Fiscal (www.mpf.gov.ar) se observa que en los Tribunales Orales de Menores tramitaban, en el año 2003, 2784 causas, cifra que al año siguiente (2004) sube a 3323 y que, en los tres años siguientes, arroja también cierta estabilización (3630 en 2005, 3959 en 2006 y 3521 en 2007).
De ello se desprende que la variación en el período 2004/2007 es un aumento cercano al 5,9 por ciento. Siguiendo con la ciudad de Buenos Aires, el total de personas menores de 16 años que en lo que va del año 2008 fue imputada de homicidio o tentativa de homicidio asciende a uno. De los datos del relevamiento nacional, surge que en el segundo semestre de 2007, en todo el país, había 202 adolescentes de hasta 18 años, privados de su libertad e imputados de homicidio o tentativa de homicidio.
Tan sólo en el 35 por ciento de los lugares de detención pueden jugar. Para estos chicos y jóvenes, la tele es prácticamente la única opción de distracción y entretenimiento. En alrededor de un 30 por ciento no hay libros disponibles. El acceso a una computadora es una opción casi inexistente, más aún a Internet: tan sólo en el 8 por ciento de los institutos hay conexión. En la mitad de los casos no les ofrecen educación sexual y reproductiva, en un tercio de los establecimientos ni siquiera reciben controles de enfermedades de transmisión sexual y VIH.
El informe es una fotografía del sistema penal juvenil en el segundo semestre de 2007, cuando se llevó a cabo el relevamiento en todo el país. Las sucesivas consultas y visitas realizadas a las provincias con posterioridad al período de análisis indican que los datos se mantienen sin grandes variaciones en la actualidad, señalan los autores del trabajo que se presentó dos meses atrás, pero cuyos resultados vale la pena refrescar, en el marco del debate que se originó por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó mantener en el Instituto San Martín a 60 chicos por cuya libertad se había presentado un hábeas corpus.
En total, se relevaron 6299 adolescentes menores de 18 años incluidos en dispositivos penales juveniles por orden judicial por estar sospechados o imputados de haber cometido algún delito. De ese número, 1529 estaban privados de su libertad en institutos de régimen cerrado, con alambrados o muros y agentes de seguridad que los controlan; y unos 270 permanecen internados en establecimientos de regímenes semicerrado y pueden, en general, salir para ir a la escuela o trabajar solos o supervisados por personal del lugar.
El resto, unos 4495 presuntos infractores, está bajo programas no privativos de la libertad, de acompañamiento y supervisión. Pero, la mayoría de esos programas “no está especializado” en el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal.
De todas formas, teniendo en cuenta un probable subregistro, el mismo informe eleva la cifra de adolescentes privados de su libertad a aproximadamente a 2163 y la del total incluido en algún dispositivo por la posible comisión de un delito a 6658.
El estudio se llama Hacia una mayor adecuación del sistema penal juvenil argentino a la Constitución Nacional y a los estándares internacionales en la materia. Fue elaborado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Oficina de Unicef-Argentina, con la apoyatura técnica de la Universidad Nacional Tres de Febrero.
Según los datos disponibles, se sabe que del total de detenidos el 38 por ciento está imputado o sospechado de delitos contra la propiedad sin armas; 32 por ciento, con armas; 15 por ciento, de homicidio; 4 por ciento, delitos contra la integridad sexual; 5 por ciento por causas vinculadas con estupefacientes; 2 por ciento, por atentado y resistencia a la autoridad y uno por ciento por privación ilegal de la libertad. Vale aclarar que en el 25 por ciento de los casos (447 situaciones) no se pudo colectar el motivo por el cual estaban encerrados.
Las mujeres representan sólo el 8 por ciento del total de adolescentes en distintos establecimientos (cerrados y semicerrados) y el 17 por ciento en programas.
En total se identificaron 119 institutos de menores en todo el territorio argentino y para el relevamiento se visitaron 72 de ellos. Para la concreción del informe, se entrevistó a directivos, profesionales, operadores y personal de seguridad. Y también a niños y adolescentes privados de libertad.
“De las entrevistas surge que un importante número de los chicos que hoy están con medidas de privación de libertad han pasado en su infancia por institutos asistenciales por causas sociales, tienen historias de repitencia y abandono escolar. Esto demuestra que las políticas de prevención del delito tienen que arrancar mucho antes que la respuesta judicial, logrando que todos los chicos puedan ir a la escuela y tengan acceso a la salud.
Cuando hay déficit en la satisfacción de esos derechos, aparece una señal de alarma: un porcentaje, aunque muy chico, de esos adolescentes desatendidos va a tener problemas con la ley penal. Pero la privación de la libertad tiene que ser la última medida”, señaló a Página/12 la abogada Gimol Pinto, especialista de Protección de Derechos de Unicef (ver aparte).
¿Han crecido los delitos cometidos por adolescentes? El relevamiento nacional encontró que el promedio diario de chicos menores de 16 años en establecimientos penales juveniles es de alrededor de 300, una cifra que representa menos del 20 por ciento del total incluidos en dispositivos penales. Sobre ellos es que algunos sectores –liderados por el gobernador Daniel Scioli–, pretenden aplicar mano más dura.
Aquí van algunas cifras –tal vez un tanto aburridas, pero necesarias– para arribar con mayores certezas a una respuesta, sin guiarse por la sensación de inseguridad que fogonean ciertos medios. Las estadísticas que pueden observarse en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires muestran que en el año 2000 se abrieron 23.105 causas penales en todos los tribunales de menores bonaerenses, al año siguiente 24.767, según datos suministrados desde la Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia.
La cifra siguió en aumento hasta el año 2004, en el que se abrieron 31.883 causas. En los tres años posteriores los números indican 29.548, 31.602 y 29.371 causas, correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007 respectivamente. Es decir, se verifica un aumento de la cantidad de causas que se abren a personas menores de edad de alrededor del 37 por ciento en el período 2000/2004, pero luego se produce un “amesetamiento” con leve tendencia a la baja en el período 2004/2007.
En el caso de la ciudad de Buenos Aires, y tomando como fuente al Ministerio Público Fiscal (www.mpf.gov.ar) se observa que en los Tribunales Orales de Menores tramitaban, en el año 2003, 2784 causas, cifra que al año siguiente (2004) sube a 3323 y que, en los tres años siguientes, arroja también cierta estabilización (3630 en 2005, 3959 en 2006 y 3521 en 2007).
De ello se desprende que la variación en el período 2004/2007 es un aumento cercano al 5,9 por ciento. Siguiendo con la ciudad de Buenos Aires, el total de personas menores de 16 años que en lo que va del año 2008 fue imputada de homicidio o tentativa de homicidio asciende a uno. De los datos del relevamiento nacional, surge que en el segundo semestre de 2007, en todo el país, había 202 adolescentes de hasta 18 años, privados de su libertad e imputados de homicidio o tentativa de homicidio.
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Salud Mental del Espacio Carta Abierta
Violencia juvenil, judicialización y criminalización de la niñez y de la adolescencia en la llamada “postmodernidad” -->
Este título de nuestra reflexión se nos presenta como un bloque al que deberemos discriminar para tratar de conceptualizar: la violencia juvenil nos debe permitir evocar la violencia constitutiva de toda estructura social en los parámetros en que se miden las relaciones entre diferentes grupos sociales de acuerdo a la diversidad cultural y de clases en que se constituye toda sociedad desde el advenimiento de la modernidad y como producto de la modalidad constitutiva originaria, es decir la agresividad constitutiva del cachorro humano.
El tema que debemos abordar es el de esta violencia, originaria en la conformación de los sujetos y de las sociedades y como se vehiculiza esta violencia. Pero si de jóvenes se trata lo que deberemos tener en cuenta es donde y como se encuentra hoy en día esta violencia y su íntima relación con el valor de la vida para el sujeto y para sus semejantes que promueve cada sociedad en cada momento histórico y cómo este valor se transmite generacionalmente, es decir cómo tramita cada núcleo familiar y cada sociedad estos valores que deberán ir unidos a otros valores intra e inter familiares, en relación al estudio, al trabajo, a valores de justicia, de amistad, etc., es decir que nos abre la pregunta para reflexionar que sucede en la niñez y en adolescentes y jóvenes con el sistema de valores, creencias e ideales. Serán estos sistemas de valores, creencias e ideales los que deberían portar y provenir de los adultos en un entramado que se transmitirá de generación en generación.
Si esta transmisión estuviera abortada, forcluida o rota, si esta posible transmisión no encontrara donde sustentarse, es decir que se la puede intentar transmitir pero no encuentra una base en donde sustentarse, ya sea por déficits alimenticios, biológicos o desestructuración familiar o de otra u otras índoles, si no se encontraran soportes o andamiajes familiares con un fuerte arraigo, si la sociedad a atravesado épocas nefastas (como le tocó vivir a la sociedad argentina) ya de por sí podemos considerar agrietada y/o fallada la base estructural de donde poder asir la transmisión de valores, ideales, etc., estos serán elementos necesariamente factibles de encontrar en el desencadenamiento de situaciones de violencia que funcionarán al modo de las series complementarias de las que nos hablaba Freud: es decir lo constitucional, lo familiar que se recibe como donación paterna o de quienes hayan ocupado este lugar y lo adquirido identificatoriamente en los primeros años de vida.
Si hay fallas o ausencias de alguno de estos conjuntos de elementos que recibe un sujeto y si esta o estas ausencias no encuentran funciones supletorias nos encontraremos con un eslabón roto que desanudará a los integrantes de una misma generación con respecto a sus ancestros y que, como consecuencia, generará esta ausencia, violencia en uno o en varios integrantes de un mismo grupo, familia o clan.
Violencia generacional que al encarnarse en sus miembros intentará hablar diciendo lo que les está sucediendo y paradójicamente será esta puesta en escena un modelo, no el único pero sí llamativamente expuesto que sintonizará en demanda a ser escuchado en esta forma bizarra: grito de demanda que provendrá de la exclusión y al que recurre una generación que exige, mediando esta escena, ser escuchada, desciframiento “champollionesco” (1) que no debemos desoír: síntoma social que no se cura con la judicialización y criminalización y que exige de nosotros una escucha atenta y solidaria
Es decir que la violencia, como síntoma sustitutivo de la reflexión y el pensamiento, que debería atemperarse por la palabra contenedora de la transmisión generacional, ocupará el lugar de lo que falta y de lo que se adolece.
A estos elementos y a la dispersión de estas circunstancias deberemos agregar la alta dosis de conflictividad social y familiar así como el no lugar para el joven desde su propio nacimiento, será un paria o para decirlo más contundentemente un “guacho” en la polisemia de esta palabra: sujeto sin padres y sujeto sin límites y sin piedad para con el otro:
frase que nos asoma al lugar de la desaparición del otro, el de la desaparición del semejante como propuesta que desde los massmedia agobian con su carga de ocuparse solo por el “yo”:
cultura del yoísmo que al ocuparse por el cuerpo anidará en la subjetividad en un abrazo de cuerpo perfectible en una vorágine de consumo que inundará la cabeza del joven en propuestas de goces infinitos y sin barrar: este será el umbral y el abismo al que se asomará el joven sin recursos, sin trabajo, sin propuestas de futuro:
lo peor del “fumo”, el objeto inalcanzable que publicitan los massmedia, el cuerpo perfecto para llegar al triunfo, mujer u hombre luminoso y en el medio la falta de recursos materiales y simbólicos: es decir la ausencia o el vacío de propuestas identificatoriamente posibles: ahí está el riesgo del salto al vacío. Lo que se le ofrece como posibilidad estará en otro planeta para un sujeto que no ha tenido sus “necesidades básicas satisfechas” es decir familia, techo, comida, escuela.
En un informe del año 1996 realizado en base a un estudio hecho en el GBA la Unesco nos “avisó” que, por carencias alimentarias, el 40% de los niños en edad escolar iban a llegar al año 2.000 con algún tipo de déficit intelectual. Con la no difusión de éste y otros datos y estudios, al no ser tenidos en cuenta, lo que se intentó hacer fue tapar el sol con las manos: éste es el sujeto “débil” del que hablan los teóricos de la postmodernidad con la diferencia que el sujeto débil al que aluden éstos es el de la constitución subjetiva de las “clases medias”.
Esta “debilidad” también es construida por los medios, es el vaciamiento de las capacidades críticas y será la constitución de una subjetividad “débil” que funcione acompasadamente a lo que se tiende desde el poder de turno, dando como resultado la derrota del pensamiento.
La judicialización y criminalización de niños y jóvenes será el paso siguiente ante el que la sociedad de “gente como uno” se enfrentará y será esta sociedad, sus medios y sus líderes mediáticos la que nos proponga el enfrentamiento, respondiendo ciegamente y con el riesgo de que la respuesta sea un acting, a tontas y a locas, tal como es demandado por los poderes médicos (de medios y de médicos “laboratorizados”).
Avance de la robotización laboratorial como medio de controlar el malestar acuciante, acoplándose a discursos segregacionistas, discriminatorios ante lo diferente (ya sea el color de piel o de “rango” social) es decir primero se crea el mal, se fabrica la diferencia social para luego estigmatizarla: ergo: fabricar lo peor de cada uno de nosotros afuera de nosotros para después “ejecutar”.
Externalización de nuestra intimidad mas íntima: lo malo estará puesto afuera para poder “fabricarnos” a nosotros mismos – lindos, rubios y buenos- en esta fábrica de espejos: a los otros, los “feos, malos y sucios” ni eso: a “ellos”, a esos otros, el espejo estallado desde el inicio. Lo que nos muestra “Elefhant”, el film de Gus Van Dam es la casi ausencia absoluta de vínculos y de palabra transgeneracional que amarre a los sujetos a proyectos compartibles o compartidos, la ausencia de diálogos y de amistad: es decir la ausencia de pensamiento cartesiano, que dé lugar a un acto fundante.
Con su propuesta y la distancia que instaura desde su versión fílmica nos posiciona a nosotros como meros espectadores de la tragedia que no solo es en la que nos ubicará la versión cinematográfica sino en espectadores de la tragedia juvenil en un mundo sin adultos, sin reflexión y sin códigos compartibles que ya no se avecina sino que está entre nosotros: el desafío es ir al rescate del pensamiento y al diálogo como posibilidad constructivista.
La propuesta es trabajar este y otros conceptos y enfoques en la reunión del próximo miércoles 26 de noviembre a las 18 horas en la sala Augusto Raúl Cortazar de la Biblioteca Nacional promovido por la comisión de Salud Mental del espacio Carta Abierta . (1) “Desciframiento “champollionesco”: alude a Champollión, arqueólogo francés que logró descifrar la escritura jeroglífica de Egipto
Lic. Abel Langer Comisión de Salud Mental del Espacio Carta Abierta
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Anticipa que la Corte sentará posición sobre la tenencia de droga para consumo personal. Dirá que el drogadicto no tiene que ir preso sino hacer un tratamiento. Además, profundiza las críticas por el reclamo sobre la baja de la edad de imputabilidad y analiza el fallo sobre libertad sindical.
“Perdón, soy una farmacia ambulante”, se excusa Carmen Argibay cuando está a punto de tomar uno de los remedios que tiene desplegados sobre el escritorio. Su amplio despacho huele a menta. Antes solía hablar con un cigarrillo en la mano, un hábito que abandonó desde que su corazón le dio un sobresalto. Ahora acompaña sus palabras con un pocillo de café, que saborea con felicidad. La pasión que pone para transmitir sus pensamientos –y que queden bien claros– es la de siempre.
Desde que el gobernador Daniel Scioli salió a pedir bajar la edad de imputabilidad de los menores y el gobierno nacional clamó por cárcel y mano dura como respuesta al delito, el tema –dice– la “tiene loca”. Antes de culpabilizar a los niños en conflicto con la ley, sugiere que el Ejecutivo revise sus prioridades y las ubique más cerca de “proteger a los jóvenes” que de instalar “el tren bala”. Es parte, cuestiona, de “la esquizofrenia de los argentinos”, que piden más prisión como castigo “pero dicen ‘qué barbaridad’” si alguien termina declarado inocente después de haber pasado dos años detenido antes de la sentencia.
Argibay se queja de que “los legisladores no trabajan” y la Corte termina diciéndoles “lo que deben hacer”. Así como empujó a restablecer un índice de movilidad jubilatoria, anticipa que el tribunal está próximo a invalidar la norma que castiga la tenencia de droga para consumo personal y, con eso, propiciar un cambio en la ley de estupefacientes. También podría impulsar la revisión de las políticas y condiciones de privación de la libertad de los menores, y a la larga encauzar una reforma penal juvenil de la que muchos hablan pero nadie concreta “porque no da votos”. Apuntalar políticas de Estado es ya un clásico de esta Corte. Lo hizo también con el Riachuelo, y hace unos días con un sorpresivo fallo sobre libertad sindical que la jueza no firmó pero aquí deja en evidencia que comparte.
El trato a las minorías, empezando por las mujeres y niños, es uno de los asuntos que más sensibilizan a Argibay. Sus críticas no sólo apuntan al poder político sino al propio sistema judicial. “En este Palacio de Justicia –comenta– hay 19 baños pero sólo dos son para mujeres: uno está en el séptimo piso, junto a los tribunales de menores, y otro en la planta baja. Los estudios de abogados suelen mandar a secretarias mujeres a hacer trámites acá toda la mañana. Hacen colas, ven expedientes, toman nota, y si quieren ir al baño, sólo tienen esas dos opciones. Este edificio es de 1910, época en las mujeres no cortaban ni pinchaban y no tenían funciones en el Poder Judicial. Casi no había abogadas. No éramos ciudadanas de primera.”
–¿Cómo es posible que siga igual si pasaron casi cien años? –pregunta este diario.
–Nadie lo planteó, nadie lo miró. Sólo se han adaptado baños para las empleadas que se han ido incorporando, pero no hay baños públicos para mujeres. Yo se lo reclamé con mi mejor sonrisa al arquitecto de la Corte, porque estamos previendo algunas reformas para el año que viene, ya que son varios los problemas (ver aparte). Y en lo posible, que recuerden que muchas mujeres vienen con chicos y pongan una mesa rebatible para cambiar pañales. Hasta en los aviones hay.
–¿En otros edificios del Poder Judicial pasa lo mismo?
–Claro. En Comodoro Py (tribunales federales porteños) hay tres tribunales orales de menores, o sea que hay madres con chicos. ¿Hay algún lugar donde los chicos pequeños puedan ser atendidos mientras sus madres hacen trámites? No. Siempre dependen de la buena voluntad de los empleados de las secretarías tutelares que entretienen a los niños. ¿Y si tienen que declarar como testigos? Lo mismo. El concepto es “arréglese como pueda porque tiene que venir a declarar”. Y si no viene, la buscan con la fuerza pública. Y si no tiene dónde dejar a los chicos, “tráigalos”, aunque nadie sabe dónde los pondrán. Es mucho más molesto para las mujeres hacer cualquier trámite en tribunales, lo cual representa una causa de discriminación más. Por lo tanto, hay que eliminarla.
De aborto, droga y pibes chorros
–El Gobierno amaga con despenalizar la tenencia de droga para consumo personal, pero en el Congreso no pasa nada. ¿Es otro de los casos en que la Corte va a terminar instando a una reforma?
–Y, va a terminar siendo así, porque tenemos una causa.
–Que ya tiene mayoría de cuatro votos.
–Igual no sé si llegamos a que salga este año, por algún problema en la circulación. Pero es probable que la Corte defina esto antes que el Congreso. Pero no es, como se escandaliza mucha gente, que la Corte va a despenalizar la droga en general. Si sale el fallo tal como viene, en todo caso va a decir que el drogadicto no tiene que ir preso, que tiene que hacer un tratamiento. Es un enfermo, no es un delincuente si tiene droga para uso personal. Si eso es despenalizar la droga, yo soy japonesa. No tiene nada que ver. En los países donde se han despenalizado las drogas, no se han despenalizado todas, sino las blandas. La marihuana, y algunos llegan hasta el hachís. Lo que hay son programas de recuperación para los adictos que consumen cocaína, heroína o lo que sea. El Estado se hace cargo de un programa de desintoxicación sin que entren en crisis de abstinencia.
–¿Por qué este tema se dilata a nivel político? ¿Hay connivencia del poder con la comercialización?
–Zaffaroni dice que no se puede comercializar si no hay connivencia de la policía y del poder político. Yo no me animo a aseverarlo así, pero es posible. No hay ningún sector que sea perfecto ni haga todo bien.
–¿La lógica del sistema penal que expulsa y afecta a las mujeres, como en el ejemplo de los edificios de los tribunales, es la misma que encierra a los niños que delinquen? Hasta el poder político pide meter presos a los menores desde que Scioli llamó a bajar la edad de imputabilidad a 12 o 14 años.
–Es una de las cosas que a mí me tienen loca. Todo el mundo ya sabe lo que yo pienso sobre el aborto, así que cuando aparecen con estos planteos yo digo: ¿para qué quieren que nazcan? ¿Para qué? Para maltratarlos, para meterlos presos, para abusarlos, para explotarlos, para dejarlos en la calle, para matarlos. Para eso quieren que nazcan (suspira). Sin palabras.
–¿La Corte va sentar posición sobre la edad de imputabilidad? Tienen un fallo pendiente sobre la constitucionalidad del régimen de privación de la libertad de los menores de 16 años en institutos.
–Es el caso del Instituto San Martín. Algo vamos a hacer. En su momento decidimos no liberar a todos los menores internados allí porque son blancos móviles. A esos chicos, que han tenido algún conflicto con la ley penal pero son inimputables porque son menores de 16 años, la policía ya los tiene marcados. A veces no tienen dónde ir, o los maltrata la familia, o la familia no los quiere tener. No se los puede largar a la calle así, porque los van a matar. No quiero esas muertes sobre mi conciencia. Primero buscamos averiguar cuántos son, qué jueces de menores intervienen y qué conocen sobre cada caso. Sabemos que ni los institutos de menores ni las cárceles son una maravilla, pero eso no depende de nosotros. Lo que sí podremos hacer es intimar a los poderes públicos para que se ocupen de que los institutos funcionen como deben y tengan lo que necesiten. Pero no hay un planteo sobre la edad de imputabilidad.
–¿No haría falta, en realidad, una reforma penal juvenil que contemple a los menores como tales?
–Claro que hay que reformar el sistema. Hay cincuenta mil proyectos en el Congreso, pero no los tratan. Porque no les interesa, porque no da votos, porque el Poder Ejecutivo pide cosas más urgentes y porque los legisladores no trabajan mucho. El Congreso es una institución fundamental, el foro de discusión de la ciudadanía, donde se representan los distintos modos de pensar y se debería buscar consensos. Sin embargo no lo hacen, no cumplen con lo que deben. ¿Entonces qué pasa? Pasa que la Corte tiene que decirles “oigan, señores, ustedes tienen que hacer esto”. Como sucedió con el caso Badaro: tienen que fijar un índice (de movilidad de las jubilaciones). Les damos un tiempo, si no lo hacen lo vamos a tener que hacer nosotros. Pero ahí es cuando nos acusan a los jueces de querer gobernar. Con el tema de los menores puede terminar pasando exactamente lo mismo, porque no hay una ley penal juvenil o como quieran llamarla. ¡Que se ocupen de los menores! Pero que se ocupen, y no como si fueran mayores. A un chico de diez años, ¿quién le enseñó a usar una pistola?
–¿Cuáles deberían ser los pilares de la reforma?
–Bajar la edad de imputabilidad seguro que no. Por lo pronto, la protección y la educación siempre. Y el hacerles entender que son personas que tienen derechos y valen. La sensación que tienen ahora es que su vida no vale nada. Por eso el paco. Si le decís a un chico de 19 años cómo se ve el año que viene, te contesta “muerto”. Si no lo mata el paco, lo mata la policía. Tendría que ser un régimen destinado a proteger, no a estigmatizar o encerrar.
–¿Por qué cree que hay quienes se escandalizan cuando usted y otros penalistas advierten que la salida no es endurecer penas ni la cárcel?
–Hay días que creo que los argentinos somos esquizofrénicos. Me lo podrán rebatir los psicoanalistas, pero yo me puedo dar el lujo de decir alguna estupidez. Nosotros nos jactamos de tener una Constitución maravillosa, con todas las convenciones de derechos humanos incorporadas, somos mejores que todos, los norteamericanos, los europeos, pero después no la queremos cumplir. Cuando la Constitución dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio, no dice en un diario, ni en la televisión, ni en una marcha. Entonces pasa lo que pasa ahora en San Isidro, donde hay una marcha porque lo mataron al ingeniero Barrenechea y otra porque Brian está preso y es un pobre chico que vive en la villa. Las dos marchas a la vez: en una dicen que al chico hay que matarlo porque es un asesino y en otra, que lo discriminan porque es menor y negrito. Es la misma sociedad, totalmente esquizofrénica. Si el día de mañana tienen a un tipo preso dos años y luego el tribunal oral lo absuelve porque fue un invento de la policía, todos los diarios, empezando por el del amigo (Fernán) Saguier, se rasgarán las vestiduras diciendo “qué barbaridad, dos años preso y era inocente”. Todos los presos sin condena son inocentes. Lo dice la Constitución, que después no queremos respetar.
–¿Pero no es que los jueces proveen una “puerta giratoria”, como dijo su colega Ricardo Lorenzetti?
–Fue una expresión muy desgraciada de mi colega. Que me expliquen por qué están llenas las cárceles si acá hay una puerta giratoria. Nosotros tuvimos que meternos con las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Le tuvimos que decir al ministro de Justicia de Felipe Solá que hicieran algo con las cárceles y que sacaran a los chicos de las comisarías. ¿Y con las cárceles de Mendoza? Tenemos un problema con la Corte Interamericana que el Estado argentino se comprometió a solucionar, pero cada dos por tres tenemos un inconveniente con una cárcel. ¿Por qué? Porque las cárceles están superpobladas. ¿Y no era que había una puerta giratoria, y todos entran por un lado y salen por el otro?
–¿Sirvió de algo que la Corte interviniera por las cárceles bonaerenses?
–Entiendo que mejoraron, pero no todo lo que deberían. Era la época de Solá. Ahora tenemos un gobernador que quiere meter a los niños presos.
–¿Qué solucionó el gobierno de Scioli al anunciar, tras el crimen del ingeniero, una reforma policial y judicial, incluido un proyecto para limitar las excarcelaciones?
–Nada. No es solución decir “vamos a hacer pi, pi, pi, pi, pi”.
–Hasta la presidenta Cristina Kirchner lo avaló, responsabilizó a los jueces, pidió más presos y medidas más duras...
–Esto también es un problema de educación, pero de los políticos, que están acostumbrados y preparados para reaccionar de acuerdo con la sensación térmica de la sociedad y lo que la gente quiere oír. Hoy esa sensación es que a los menores hay que matarlos. De pronto, ya no hay delincuentes mayores. Durante el conflicto del campo no pasó nada en este país para los medios: no hubo robos, no hubo ningún problema delincuencial. Después, con lo del ingeniero Barrenechea, subió otra vez la sensación térmica. ¿Y la plata para la educación? ¿La plata para alimentar a esos chicos? ¿Para las madres embarazadas?
–Si usted tuviera en sus manos la posibilidad de diseñar políticas de seguridad y sobre minoridad, ¿qué haría?
–Primero necesitamos educación básica, que es lo que está perdiéndose desde el golpe de 1930 en adelante. Cada golpe fue estropeando más la educación. Por ahí hay que empezar. Esto implica la inclusión de todos los chicos en edad escolar en el sistema educativo. Para eso hace falta un plan de gobierno que disponga de medios económicos para eso, y no para decir que le van a dar una computadora a una escuela de campo que no tiene electricidad. Pero también tenemos que tener comida: un pibe que no come no puede sentarse a aprender nada, porque no está alimentado como debe. Ya sé, esto lleva tiempo, pero algún día hay que empezar. ¿Qué hacemos con los que ya están en el problema? Tenés, por ejemplo, a los que son enfermos, los que consumen paco, que tienen poca esperanza de vida, pero la poca que tienen hay que mejorársela. Que no digan que esto cuesta plata, yo creo que se gasta mucha más plata en una gran cantidad de cosas inútiles. Quiero que me arreglen los trenes que están, antes de que me pongan el tren bala. Con lo que va a costar el tren bala, que va a ser caro y pocos podrán usar, ¡apliquemos ese dinero a otra cosa! Hay que fijar prioridades y la prioridad deberían ser los jóvenes.
Libertad sindical
–¿Por qué usted no votó el fallo sobre libertad sindical?
–Yo no declaro inconstitucionalidades de oficio, es decir, cuando nadie las pidió. En este caso no estaba pedida por la parte. Por eso no voté, no porque no estuviera de acuerdo con lo que decían mis colegas. Ya va a salir un voto mío en otra causa similar que tenemos en trámite.
–¿Qué impacto cree que va a tener esa resolución en los ámbitos laborales?
–Va a tener un impacto muy bueno. Le va a permitir a la gente tener mayor libertad de afiliación sindical y evitará que sea un sindicato el que domine el esquema laboral en general. Si tenés un solo sindicato que domina todo, no hay posibilidad de discusión ni opiniones diferentes. No puede ser, ¿acaso no vivimos en una democracia?
–¿Es correcta la apreciación del Gobierno de que los lineamientos del fallo son sólo para el sector público?
–No sé de dónde sacaron eso. Es lo que ellos interpretaron (se sonríe). El día que nos planteen eso concretamente, veremos qué decimos nosotros.
–¿El Gobierno estará obligado a reconocerle la personaría a la CTA a partir de esta sentencia?
–No es que estén obligados. Si el fallo los impulsa a tomar esa medida, mejor. No estaría mal.
–¿Usted cree que, como advirtieron la CGT y la Confederación General Económica, el nuevo escenario va a complicar las negociaciones laborales?
–Sí, claro... (acentúa el tono irónico). En una empresa chica, por ejemplo, ¿cuántos sindicatos puede haber? ¿Dos? Como mucho.
–Pronto también tendrán que resolver la constitucionalidad o ilegalidad de las retenciones móviles. ¿Cuál es el sentido de que la Corte se pronuncie sobre un tema que ya tuvo una salida política?
–No he visto la causa, no sé. A lo mejor no tiene sentido. Puede ser que la Corte diga que no tiene nada que decir. Depende de cómo llegue el planteo. A veces los recursos llegan tan mal fundados, que hay que rechazarlos. Nosotros no nos levantamos una mañana y se nos ocurrió fallar sobre la libertad sindical para hacer un desparramo y ponernos en contra a la CGT, a Piumato y todos los demás. Esto se viene trabajando hace tiempo porque había un caso. En el tema de las retenciones, así como podría ser abstracto, también podría ser que tengamos que interpretar la cuestión de la delegación de las facultades legislativas en el Ejecutivo, el tema principal. Si avanzamos, de todos modos, la primera discusión será si es un impuesto, una tasa o qué diablos es.
–¿Sobre la eliminación de las AFJP llegó algún planteo?
–Todavía no. En algún momento seguramente llegará.
–¿Con qué nos va a sorprender la Corte antes de fin de año?
–No sé, hay cosas que a ustedes los sorprenden y que para nosotros son normales.
–Para convalidar la obtención de muestras de ADN en allanamientos con el fin de determinar la identidad de posibles hijos de desaparecidos, ya tienen mayoría de cuatro votos. ¿Podría salir ese fallo?
–Es uno de los que podría salir antes de fin de año. Igual siempre, en este tipo de casos en que tratamos de que la mayoría sea lo más fuerte posible, hay muchas idas y vueltas, a menudo hasta por discusiones académicas entre nosotros.
Por Irina Hauser
“Perdón, soy una farmacia ambulante”, se excusa Carmen Argibay cuando está a punto de tomar uno de los remedios que tiene desplegados sobre el escritorio. Su amplio despacho huele a menta. Antes solía hablar con un cigarrillo en la mano, un hábito que abandonó desde que su corazón le dio un sobresalto. Ahora acompaña sus palabras con un pocillo de café, que saborea con felicidad. La pasión que pone para transmitir sus pensamientos –y que queden bien claros– es la de siempre.
Desde que el gobernador Daniel Scioli salió a pedir bajar la edad de imputabilidad de los menores y el gobierno nacional clamó por cárcel y mano dura como respuesta al delito, el tema –dice– la “tiene loca”. Antes de culpabilizar a los niños en conflicto con la ley, sugiere que el Ejecutivo revise sus prioridades y las ubique más cerca de “proteger a los jóvenes” que de instalar “el tren bala”. Es parte, cuestiona, de “la esquizofrenia de los argentinos”, que piden más prisión como castigo “pero dicen ‘qué barbaridad’” si alguien termina declarado inocente después de haber pasado dos años detenido antes de la sentencia.
Argibay se queja de que “los legisladores no trabajan” y la Corte termina diciéndoles “lo que deben hacer”. Así como empujó a restablecer un índice de movilidad jubilatoria, anticipa que el tribunal está próximo a invalidar la norma que castiga la tenencia de droga para consumo personal y, con eso, propiciar un cambio en la ley de estupefacientes. También podría impulsar la revisión de las políticas y condiciones de privación de la libertad de los menores, y a la larga encauzar una reforma penal juvenil de la que muchos hablan pero nadie concreta “porque no da votos”. Apuntalar políticas de Estado es ya un clásico de esta Corte. Lo hizo también con el Riachuelo, y hace unos días con un sorpresivo fallo sobre libertad sindical que la jueza no firmó pero aquí deja en evidencia que comparte.
El trato a las minorías, empezando por las mujeres y niños, es uno de los asuntos que más sensibilizan a Argibay. Sus críticas no sólo apuntan al poder político sino al propio sistema judicial. “En este Palacio de Justicia –comenta– hay 19 baños pero sólo dos son para mujeres: uno está en el séptimo piso, junto a los tribunales de menores, y otro en la planta baja. Los estudios de abogados suelen mandar a secretarias mujeres a hacer trámites acá toda la mañana. Hacen colas, ven expedientes, toman nota, y si quieren ir al baño, sólo tienen esas dos opciones. Este edificio es de 1910, época en las mujeres no cortaban ni pinchaban y no tenían funciones en el Poder Judicial. Casi no había abogadas. No éramos ciudadanas de primera.”
–¿Cómo es posible que siga igual si pasaron casi cien años? –pregunta este diario.
–Nadie lo planteó, nadie lo miró. Sólo se han adaptado baños para las empleadas que se han ido incorporando, pero no hay baños públicos para mujeres. Yo se lo reclamé con mi mejor sonrisa al arquitecto de la Corte, porque estamos previendo algunas reformas para el año que viene, ya que son varios los problemas (ver aparte). Y en lo posible, que recuerden que muchas mujeres vienen con chicos y pongan una mesa rebatible para cambiar pañales. Hasta en los aviones hay.
–¿En otros edificios del Poder Judicial pasa lo mismo?
–Claro. En Comodoro Py (tribunales federales porteños) hay tres tribunales orales de menores, o sea que hay madres con chicos. ¿Hay algún lugar donde los chicos pequeños puedan ser atendidos mientras sus madres hacen trámites? No. Siempre dependen de la buena voluntad de los empleados de las secretarías tutelares que entretienen a los niños. ¿Y si tienen que declarar como testigos? Lo mismo. El concepto es “arréglese como pueda porque tiene que venir a declarar”. Y si no viene, la buscan con la fuerza pública. Y si no tiene dónde dejar a los chicos, “tráigalos”, aunque nadie sabe dónde los pondrán. Es mucho más molesto para las mujeres hacer cualquier trámite en tribunales, lo cual representa una causa de discriminación más. Por lo tanto, hay que eliminarla.
De aborto, droga y pibes chorros
–El Gobierno amaga con despenalizar la tenencia de droga para consumo personal, pero en el Congreso no pasa nada. ¿Es otro de los casos en que la Corte va a terminar instando a una reforma?
–Y, va a terminar siendo así, porque tenemos una causa.
–Que ya tiene mayoría de cuatro votos.
–Igual no sé si llegamos a que salga este año, por algún problema en la circulación. Pero es probable que la Corte defina esto antes que el Congreso. Pero no es, como se escandaliza mucha gente, que la Corte va a despenalizar la droga en general. Si sale el fallo tal como viene, en todo caso va a decir que el drogadicto no tiene que ir preso, que tiene que hacer un tratamiento. Es un enfermo, no es un delincuente si tiene droga para uso personal. Si eso es despenalizar la droga, yo soy japonesa. No tiene nada que ver. En los países donde se han despenalizado las drogas, no se han despenalizado todas, sino las blandas. La marihuana, y algunos llegan hasta el hachís. Lo que hay son programas de recuperación para los adictos que consumen cocaína, heroína o lo que sea. El Estado se hace cargo de un programa de desintoxicación sin que entren en crisis de abstinencia.
–¿Por qué este tema se dilata a nivel político? ¿Hay connivencia del poder con la comercialización?
–Zaffaroni dice que no se puede comercializar si no hay connivencia de la policía y del poder político. Yo no me animo a aseverarlo así, pero es posible. No hay ningún sector que sea perfecto ni haga todo bien.
–¿La lógica del sistema penal que expulsa y afecta a las mujeres, como en el ejemplo de los edificios de los tribunales, es la misma que encierra a los niños que delinquen? Hasta el poder político pide meter presos a los menores desde que Scioli llamó a bajar la edad de imputabilidad a 12 o 14 años.
–Es una de las cosas que a mí me tienen loca. Todo el mundo ya sabe lo que yo pienso sobre el aborto, así que cuando aparecen con estos planteos yo digo: ¿para qué quieren que nazcan? ¿Para qué? Para maltratarlos, para meterlos presos, para abusarlos, para explotarlos, para dejarlos en la calle, para matarlos. Para eso quieren que nazcan (suspira). Sin palabras.
–¿La Corte va sentar posición sobre la edad de imputabilidad? Tienen un fallo pendiente sobre la constitucionalidad del régimen de privación de la libertad de los menores de 16 años en institutos.
–Es el caso del Instituto San Martín. Algo vamos a hacer. En su momento decidimos no liberar a todos los menores internados allí porque son blancos móviles. A esos chicos, que han tenido algún conflicto con la ley penal pero son inimputables porque son menores de 16 años, la policía ya los tiene marcados. A veces no tienen dónde ir, o los maltrata la familia, o la familia no los quiere tener. No se los puede largar a la calle así, porque los van a matar. No quiero esas muertes sobre mi conciencia. Primero buscamos averiguar cuántos son, qué jueces de menores intervienen y qué conocen sobre cada caso. Sabemos que ni los institutos de menores ni las cárceles son una maravilla, pero eso no depende de nosotros. Lo que sí podremos hacer es intimar a los poderes públicos para que se ocupen de que los institutos funcionen como deben y tengan lo que necesiten. Pero no hay un planteo sobre la edad de imputabilidad.
–¿No haría falta, en realidad, una reforma penal juvenil que contemple a los menores como tales?
–Claro que hay que reformar el sistema. Hay cincuenta mil proyectos en el Congreso, pero no los tratan. Porque no les interesa, porque no da votos, porque el Poder Ejecutivo pide cosas más urgentes y porque los legisladores no trabajan mucho. El Congreso es una institución fundamental, el foro de discusión de la ciudadanía, donde se representan los distintos modos de pensar y se debería buscar consensos. Sin embargo no lo hacen, no cumplen con lo que deben. ¿Entonces qué pasa? Pasa que la Corte tiene que decirles “oigan, señores, ustedes tienen que hacer esto”. Como sucedió con el caso Badaro: tienen que fijar un índice (de movilidad de las jubilaciones). Les damos un tiempo, si no lo hacen lo vamos a tener que hacer nosotros. Pero ahí es cuando nos acusan a los jueces de querer gobernar. Con el tema de los menores puede terminar pasando exactamente lo mismo, porque no hay una ley penal juvenil o como quieran llamarla. ¡Que se ocupen de los menores! Pero que se ocupen, y no como si fueran mayores. A un chico de diez años, ¿quién le enseñó a usar una pistola?
–¿Cuáles deberían ser los pilares de la reforma?
–Bajar la edad de imputabilidad seguro que no. Por lo pronto, la protección y la educación siempre. Y el hacerles entender que son personas que tienen derechos y valen. La sensación que tienen ahora es que su vida no vale nada. Por eso el paco. Si le decís a un chico de 19 años cómo se ve el año que viene, te contesta “muerto”. Si no lo mata el paco, lo mata la policía. Tendría que ser un régimen destinado a proteger, no a estigmatizar o encerrar.
–¿Por qué cree que hay quienes se escandalizan cuando usted y otros penalistas advierten que la salida no es endurecer penas ni la cárcel?
–Hay días que creo que los argentinos somos esquizofrénicos. Me lo podrán rebatir los psicoanalistas, pero yo me puedo dar el lujo de decir alguna estupidez. Nosotros nos jactamos de tener una Constitución maravillosa, con todas las convenciones de derechos humanos incorporadas, somos mejores que todos, los norteamericanos, los europeos, pero después no la queremos cumplir. Cuando la Constitución dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio, no dice en un diario, ni en la televisión, ni en una marcha. Entonces pasa lo que pasa ahora en San Isidro, donde hay una marcha porque lo mataron al ingeniero Barrenechea y otra porque Brian está preso y es un pobre chico que vive en la villa. Las dos marchas a la vez: en una dicen que al chico hay que matarlo porque es un asesino y en otra, que lo discriminan porque es menor y negrito. Es la misma sociedad, totalmente esquizofrénica. Si el día de mañana tienen a un tipo preso dos años y luego el tribunal oral lo absuelve porque fue un invento de la policía, todos los diarios, empezando por el del amigo (Fernán) Saguier, se rasgarán las vestiduras diciendo “qué barbaridad, dos años preso y era inocente”. Todos los presos sin condena son inocentes. Lo dice la Constitución, que después no queremos respetar.
–¿Pero no es que los jueces proveen una “puerta giratoria”, como dijo su colega Ricardo Lorenzetti?
–Fue una expresión muy desgraciada de mi colega. Que me expliquen por qué están llenas las cárceles si acá hay una puerta giratoria. Nosotros tuvimos que meternos con las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Le tuvimos que decir al ministro de Justicia de Felipe Solá que hicieran algo con las cárceles y que sacaran a los chicos de las comisarías. ¿Y con las cárceles de Mendoza? Tenemos un problema con la Corte Interamericana que el Estado argentino se comprometió a solucionar, pero cada dos por tres tenemos un inconveniente con una cárcel. ¿Por qué? Porque las cárceles están superpobladas. ¿Y no era que había una puerta giratoria, y todos entran por un lado y salen por el otro?
–¿Sirvió de algo que la Corte interviniera por las cárceles bonaerenses?
–Entiendo que mejoraron, pero no todo lo que deberían. Era la época de Solá. Ahora tenemos un gobernador que quiere meter a los niños presos.
–¿Qué solucionó el gobierno de Scioli al anunciar, tras el crimen del ingeniero, una reforma policial y judicial, incluido un proyecto para limitar las excarcelaciones?
–Nada. No es solución decir “vamos a hacer pi, pi, pi, pi, pi”.
–Hasta la presidenta Cristina Kirchner lo avaló, responsabilizó a los jueces, pidió más presos y medidas más duras...
–Esto también es un problema de educación, pero de los políticos, que están acostumbrados y preparados para reaccionar de acuerdo con la sensación térmica de la sociedad y lo que la gente quiere oír. Hoy esa sensación es que a los menores hay que matarlos. De pronto, ya no hay delincuentes mayores. Durante el conflicto del campo no pasó nada en este país para los medios: no hubo robos, no hubo ningún problema delincuencial. Después, con lo del ingeniero Barrenechea, subió otra vez la sensación térmica. ¿Y la plata para la educación? ¿La plata para alimentar a esos chicos? ¿Para las madres embarazadas?
–Si usted tuviera en sus manos la posibilidad de diseñar políticas de seguridad y sobre minoridad, ¿qué haría?
–Primero necesitamos educación básica, que es lo que está perdiéndose desde el golpe de 1930 en adelante. Cada golpe fue estropeando más la educación. Por ahí hay que empezar. Esto implica la inclusión de todos los chicos en edad escolar en el sistema educativo. Para eso hace falta un plan de gobierno que disponga de medios económicos para eso, y no para decir que le van a dar una computadora a una escuela de campo que no tiene electricidad. Pero también tenemos que tener comida: un pibe que no come no puede sentarse a aprender nada, porque no está alimentado como debe. Ya sé, esto lleva tiempo, pero algún día hay que empezar. ¿Qué hacemos con los que ya están en el problema? Tenés, por ejemplo, a los que son enfermos, los que consumen paco, que tienen poca esperanza de vida, pero la poca que tienen hay que mejorársela. Que no digan que esto cuesta plata, yo creo que se gasta mucha más plata en una gran cantidad de cosas inútiles. Quiero que me arreglen los trenes que están, antes de que me pongan el tren bala. Con lo que va a costar el tren bala, que va a ser caro y pocos podrán usar, ¡apliquemos ese dinero a otra cosa! Hay que fijar prioridades y la prioridad deberían ser los jóvenes.
Libertad sindical
–¿Por qué usted no votó el fallo sobre libertad sindical?
–Yo no declaro inconstitucionalidades de oficio, es decir, cuando nadie las pidió. En este caso no estaba pedida por la parte. Por eso no voté, no porque no estuviera de acuerdo con lo que decían mis colegas. Ya va a salir un voto mío en otra causa similar que tenemos en trámite.
–¿Qué impacto cree que va a tener esa resolución en los ámbitos laborales?
–Va a tener un impacto muy bueno. Le va a permitir a la gente tener mayor libertad de afiliación sindical y evitará que sea un sindicato el que domine el esquema laboral en general. Si tenés un solo sindicato que domina todo, no hay posibilidad de discusión ni opiniones diferentes. No puede ser, ¿acaso no vivimos en una democracia?
–¿Es correcta la apreciación del Gobierno de que los lineamientos del fallo son sólo para el sector público?
–No sé de dónde sacaron eso. Es lo que ellos interpretaron (se sonríe). El día que nos planteen eso concretamente, veremos qué decimos nosotros.
–¿El Gobierno estará obligado a reconocerle la personaría a la CTA a partir de esta sentencia?
–No es que estén obligados. Si el fallo los impulsa a tomar esa medida, mejor. No estaría mal.
–¿Usted cree que, como advirtieron la CGT y la Confederación General Económica, el nuevo escenario va a complicar las negociaciones laborales?
–Sí, claro... (acentúa el tono irónico). En una empresa chica, por ejemplo, ¿cuántos sindicatos puede haber? ¿Dos? Como mucho.
–Pronto también tendrán que resolver la constitucionalidad o ilegalidad de las retenciones móviles. ¿Cuál es el sentido de que la Corte se pronuncie sobre un tema que ya tuvo una salida política?
–No he visto la causa, no sé. A lo mejor no tiene sentido. Puede ser que la Corte diga que no tiene nada que decir. Depende de cómo llegue el planteo. A veces los recursos llegan tan mal fundados, que hay que rechazarlos. Nosotros no nos levantamos una mañana y se nos ocurrió fallar sobre la libertad sindical para hacer un desparramo y ponernos en contra a la CGT, a Piumato y todos los demás. Esto se viene trabajando hace tiempo porque había un caso. En el tema de las retenciones, así como podría ser abstracto, también podría ser que tengamos que interpretar la cuestión de la delegación de las facultades legislativas en el Ejecutivo, el tema principal. Si avanzamos, de todos modos, la primera discusión será si es un impuesto, una tasa o qué diablos es.
–¿Sobre la eliminación de las AFJP llegó algún planteo?
–Todavía no. En algún momento seguramente llegará.
–¿Con qué nos va a sorprender la Corte antes de fin de año?
–No sé, hay cosas que a ustedes los sorprenden y que para nosotros son normales.
–Para convalidar la obtención de muestras de ADN en allanamientos con el fin de determinar la identidad de posibles hijos de desaparecidos, ya tienen mayoría de cuatro votos. ¿Podría salir ese fallo?
–Es uno de los que podría salir antes de fin de año. Igual siempre, en este tipo de casos en que tratamos de que la mayoría sea lo más fuerte posible, hay muchas idas y vueltas, a menudo hasta por discusiones académicas entre nosotros.
Por Irina Hauser
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Córdoba- Daniel Klocker
Argentina: El muerto se asusta del degollado
Curiosamente, los mismos que sobractúan la defensa de Nelson Castro nada dijeron cuando se desafectó a Enrique Lacolla de La Voz del Interior por cuestionar a las patronales agropecuarias. Así, según sea la cara del cliente, el ataque a la libertad de expresión da para rasgarse las vestiduras o para hacer mutis por el foro.
La defensa corporativa que provocó el despido del periodista porteño Nelson Castro de Radio del Plata alcanzó importantes niveles de hipocresía porque el hecho claramente se enmarca dentro de las generales de la ley que impunemente ejercen los grandes monopolios de los medios de comunicación.
Está bien repudiar el despido de Castro porque se trata de un ataque a la libertad de expresión por parte de una empresa como Electroingenería, de dudosa reputación y con fuertes vínculos con el kirchnerismo, y que hizo negocios cuando en la provincia de Córdoba reinaba José Manuel de la Sota, pero es obvio que el muerto no se puede asustar del degollado.
La nota que habría causado un “profundo desagrado” y que provocó que los directivos de la firma cordobesa el 2 de febrero pasado decidieran unilateralmente la rescisión del contrato del periodista, que finalizaba en diciembre de este año, fue un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) en la que se hablaba de sobreprecios en el costo de las obras de tendidos de redes eléctricas en el sur del país y la empresa aludida en este caso era precisamente, Electroingeniería.
Hasta aquí claro está que la "víctima" es Nelson Castro y el "victimario" Electroingeniería, pero poniendo blanco sobre negro, no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características y lamentablemente no será el último, más en un año electoral como lo es el 2009.
Nelson Castro no tiene más aire en Radio del Plata con "Puntos de vista", pero si pantalla con su programa “Juego limpio" por el canal “Todo Noticias” perteneciente al Grupo Clarín, que participa en forma directa en los agronegocios, y cuenta en su directorio con poderosos terratenientes y empresarios del sector agropecuario, y por si esto fuera poco, también escribe una columna de opinión en el diario La Nación.
En ese contexto planteado por el despido de Castro, se volvieron a escuchar las voces camaleónicas de siempre. ADEPA que se “preocupó por los solapados avances sobre la libertad de expresión”, la SIP que se “inquietó por el cese del contrato del periodista Nelson Castro” y FOPEA que se “preocupó” y además se “solidarizó” con Castro.
Sin embargo, estas entidades, que suelen enmascarar en la supuesta reivindicación de la libertad de prensa la libertad de empresa y el monopolio informativo, no se “preocuparon”, ni se “inquietaron” y ni se “solidarizaron”, cuando en el momento más crítico del conflicto agropecuario, La Voz del Interior (Grupo Clarín) rechazó un artículo sobre el tema (La sedición del “campo”) a su columnista y editorialista Enrique Lacolla y posteriormente, al tomar estado publico el tema, lo “desafectó” de la Redacción, perpetrando un doble acto de censura e intolerancia.
En esa ocasión, el mensaje fue muy claro: no hay lugar para el disenso ideológico en los grandes medios de comunicación. Y menos en momentos en que en un conflicto se dirimen intereses propios o de sus aliados.
Entonces, la pregunta es: ¿qué diferencia hay entre la “desafectación” de Enrique Lacolla y el “despido” de Nelson Castro? Ninguna porque todo pasa por un perverso juego de intereses de los poderosos que le ponen precio a la cabeza de quienes se atreven a "boicotear" sus negocios.
La defensa corporativa que provocó el despido del periodista porteño Nelson Castro de Radio del Plata alcanzó importantes niveles de hipocresía porque el hecho claramente se enmarca dentro de las generales de la ley que impunemente ejercen los grandes monopolios de los medios de comunicación.
Está bien repudiar el despido de Castro porque se trata de un ataque a la libertad de expresión por parte de una empresa como Electroingenería, de dudosa reputación y con fuertes vínculos con el kirchnerismo, y que hizo negocios cuando en la provincia de Córdoba reinaba José Manuel de la Sota, pero es obvio que el muerto no se puede asustar del degollado.
La nota que habría causado un “profundo desagrado” y que provocó que los directivos de la firma cordobesa el 2 de febrero pasado decidieran unilateralmente la rescisión del contrato del periodista, que finalizaba en diciembre de este año, fue un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) en la que se hablaba de sobreprecios en el costo de las obras de tendidos de redes eléctricas en el sur del país y la empresa aludida en este caso era precisamente, Electroingeniería.
Hasta aquí claro está que la "víctima" es Nelson Castro y el "victimario" Electroingeniería, pero poniendo blanco sobre negro, no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características y lamentablemente no será el último, más en un año electoral como lo es el 2009.
Nelson Castro no tiene más aire en Radio del Plata con "Puntos de vista", pero si pantalla con su programa “Juego limpio" por el canal “Todo Noticias” perteneciente al Grupo Clarín, que participa en forma directa en los agronegocios, y cuenta en su directorio con poderosos terratenientes y empresarios del sector agropecuario, y por si esto fuera poco, también escribe una columna de opinión en el diario La Nación.
En ese contexto planteado por el despido de Castro, se volvieron a escuchar las voces camaleónicas de siempre. ADEPA que se “preocupó por los solapados avances sobre la libertad de expresión”, la SIP que se “inquietó por el cese del contrato del periodista Nelson Castro” y FOPEA que se “preocupó” y además se “solidarizó” con Castro.
Sin embargo, estas entidades, que suelen enmascarar en la supuesta reivindicación de la libertad de prensa la libertad de empresa y el monopolio informativo, no se “preocuparon”, ni se “inquietaron” y ni se “solidarizaron”, cuando en el momento más crítico del conflicto agropecuario, La Voz del Interior (Grupo Clarín) rechazó un artículo sobre el tema (La sedición del “campo”) a su columnista y editorialista Enrique Lacolla y posteriormente, al tomar estado publico el tema, lo “desafectó” de la Redacción, perpetrando un doble acto de censura e intolerancia.
En esa ocasión, el mensaje fue muy claro: no hay lugar para el disenso ideológico en los grandes medios de comunicación. Y menos en momentos en que en un conflicto se dirimen intereses propios o de sus aliados.
Entonces, la pregunta es: ¿qué diferencia hay entre la “desafectación” de Enrique Lacolla y el “despido” de Nelson Castro? Ninguna porque todo pasa por un perverso juego de intereses de los poderosos que le ponen precio a la cabeza de quienes se atreven a "boicotear" sus negocios.
Referencias necesarias: ADEPA: Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina, SIP: Sociedad Interamericana de Prensa y FOPEA: Foro de Periodismo de Argentina.
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Argentina: país emergente para el turismo sexual
Un alerta por la industria de la vergüenza Ciento sesenta países, incluida la Argentina, firmaron un compromiso para priorizar en la agenda la lucha contra el abuso infantil.
La Argentina fue identificada como un nuevo destino de turismo sexual, de viajeros que en sus vacaciones aprovechan para abusar de niñas y niños. Así fue revelado en el marco del III Congreso Internacional contra la Explotación Sexual Infantil, que terminó ayer en esta ciudad, con el compromiso de 160 países –entre ellos la Argentina– de priorizar la lucha contra el abuso infantil, en todas sus formas, en sus agendas de gobierno.
“Los niños no pueden esperar más”, destacó la filipina Amihan Abueba, directora ejecutiva de la Red Internacional contra la Prostitución, Pornografía y Tráfico Infantil (Ecpat), al anunciar, en conferencia de prensa, algunos de los compromisos asumidos por las delegaciones oficiales en la llamada Declaración de Río, entre ellos, la creación de instituciones como el ombudsman de la niñez. “Necesitamos mucha indignación donde tenemos indiferencia”, agregó el sueco Nils Kastberg, director regional para América latina de Unicef.
El turismo sexual es uno de los rostros de la explotación infantil. Sus nuevos escenarios y la necesidad de aplicar legislación extraterritorial para perseguir en sus países a ciudadanos que exploten sexualmente a menores en el extranjero fueron ejes centrales de las discusiones. Expertos en el tema coinciden en que es un fenómeno que va en aumento.
“Con Internet, la situación se ha vuelto más compleja para enfrentarlo: se pueden hacer arreglos anónimamente, sin tener que concurrir a un agencia de viajes”, alertó la irlandesa Muireann O’Brian, abogada especializada en derechos humanos e integrante del Grupo de Especialistas en Tráfico de Chicos de la Comunidad Europea. El perfil del turista sexual cambió: la imagen del hombre pedófilo de edad avanzada que buscaba tener relaciones con pequeños quedó atrás: el turista sexual actual, que explota chicos, es en general joven y no es pederasta.
También hay mujeres que buscan tener sexo con adolescentes en sus vacaciones. Y en muchos casos, destacó O’Brian, se trata de “explotadores oportunistas”, turistas que aprovechan una oportunidad que surge en el momento de su descanso lejos de su hogar, para perpetrar el abuso.
Según Ectap, la Argentina se convirtió en un destino emergente de explotación infantil en turismo sexual. Así aparece en su publicación Combatiendo el turismo sexual con niños y adolescentes. Preguntas frecuentes (2008), que la organización internacional distribuyó en la cumbre. Ecpat fue una de las organizadoras del congreso, junto con Unicef y el gobierno brasileño.
“No manejamos cifras ni datos estadísticos porque no es posible tenerlos sobre esta problemática, dado que no se denuncia o se denuncia poco”, aclaró a Página/12 el abogado peruano Marcos Sotelo, coordinador regional para América latina de Ecpat, cuya sede en Buenos Aires está próxima a trasladarse a la ciudad de Lima. “El incremento de visitantes que está recibiendo la Argentina, a partir del cambio favorable para los extranjeros, hace que se filtre gente que tiene intenciones de explotar sexualmente a niñas, niños y adolescentes.
Significa que chicos en situación de vulnerabilidad tienen mayor riesgo de ser víctimas de ese tipo de turistas”, explicó Sotelo. Una asesora del Programa Turismo Responsable e Infancia, de la Secretaría de Turismo de la Nación, presente en el congreso, consideró: “Reconocemos que el país tiene la problemática de la explotación sexual vinculada con el turismo, pero no nos consideramos país de turismo sexual, ya que no se venden paquetes que incluyan el acceso a menores”.
Más allá de las diferencias de criterio, lo cierto es que hasta ahora, la Argentina no había sido señalada como potencial destino de turismo sexual. “El problema del turismo sexual en la Argentina está creciendo pero no es todavía significativo como puede verse en otros países”, consideró Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño (Casacidn).
En la región, padecen la problemática del turismo sexual desde hace ya largo tiempo Brasil, Costa Rica y República Dominicana, apuntó Sotelo. Pero en el último tiempo se prendió la luz de alerta no solo en la Argentina: también en Colombia y Perú. “Brasil y Costa Rica ya incorporaron el tema a su agenda política”, destacó.
Ecpat impulsa desde hace varios años un Código de Conducta del Sector del Turismo para la Protección de Niños contra la Explotación Sexual Comercial, una iniciativa que nació en Suecia y que actualmente apoyan Unicef y la Organización Mundial del Turismo. En Brasil, lo suscribieron casi un centenar de empresas del sector de distintos puntos del país, entre agencias, hoteles, restaurantes, asociaciones y sindicatos. En todo el mundo lo firmaron más de 600 operadores turísticos de 38 países. La Secretaría Nacional de Turismo de Argentina firmó a mediados de 2008 un acuerdo para promoverlo en el país, y recién está iniciando las actividades de difusión y sensibilización del sector.
Las víctimas de la explotación sexual vinculada con el turismo suelen pertenecer a contextos empobrecidos, algunos viven en la calle, o dependen de ingresos de temporada, o fueron abusados en sus propias casas, definen los especialistas.
Los turistas sexuales, en cambio, provienen de países desarrollados, principalmente de Europa y Norteamérica y también de Rusia, Japón, Australia y Nueva Zelanda, y son en su mayoría hombre y mujeres “comunes y corrientes”, destacó Ectap. Pero se identificó un nuevo perfil de turista sexual, “el oportunista”, el que no elige un destino con intenciones de abusar de menores, pero que si se le presenta la oportunidad, la aprovecha. La irlandesa O’Brian alertó también sobre las consecuencias del consumo global en la propagación de este aberrante delito.
Muchas veces, dijo, son los propios adolescentes, en situaciones de vulnerabilidad, los que se acercan a un explotador sexual para ofrecerse para conseguir dinero para drogas o para comprarse ropa. Y otras veces, son las familias de los chicos las que consiguen los clientes y “venden a sus hijos”, alertó la experta europea.
Para O’Brian, el gran desafío para vencer este flagelo pasa por el hecho de que la misma comunidad cuide a los chicos en la mira del visitante extranjero. Y a vez, por el compromiso que deben asumir los compañeros de viaje de los turistas sexuales de denunciarlos y dejar de mirar para otro lado.
Por Mariana Carbajal
Desde Río de Janeiro
La Argentina fue identificada como un nuevo destino de turismo sexual, de viajeros que en sus vacaciones aprovechan para abusar de niñas y niños. Así fue revelado en el marco del III Congreso Internacional contra la Explotación Sexual Infantil, que terminó ayer en esta ciudad, con el compromiso de 160 países –entre ellos la Argentina– de priorizar la lucha contra el abuso infantil, en todas sus formas, en sus agendas de gobierno.
“Los niños no pueden esperar más”, destacó la filipina Amihan Abueba, directora ejecutiva de la Red Internacional contra la Prostitución, Pornografía y Tráfico Infantil (Ecpat), al anunciar, en conferencia de prensa, algunos de los compromisos asumidos por las delegaciones oficiales en la llamada Declaración de Río, entre ellos, la creación de instituciones como el ombudsman de la niñez. “Necesitamos mucha indignación donde tenemos indiferencia”, agregó el sueco Nils Kastberg, director regional para América latina de Unicef.
El turismo sexual es uno de los rostros de la explotación infantil. Sus nuevos escenarios y la necesidad de aplicar legislación extraterritorial para perseguir en sus países a ciudadanos que exploten sexualmente a menores en el extranjero fueron ejes centrales de las discusiones. Expertos en el tema coinciden en que es un fenómeno que va en aumento.
“Con Internet, la situación se ha vuelto más compleja para enfrentarlo: se pueden hacer arreglos anónimamente, sin tener que concurrir a un agencia de viajes”, alertó la irlandesa Muireann O’Brian, abogada especializada en derechos humanos e integrante del Grupo de Especialistas en Tráfico de Chicos de la Comunidad Europea. El perfil del turista sexual cambió: la imagen del hombre pedófilo de edad avanzada que buscaba tener relaciones con pequeños quedó atrás: el turista sexual actual, que explota chicos, es en general joven y no es pederasta.
También hay mujeres que buscan tener sexo con adolescentes en sus vacaciones. Y en muchos casos, destacó O’Brian, se trata de “explotadores oportunistas”, turistas que aprovechan una oportunidad que surge en el momento de su descanso lejos de su hogar, para perpetrar el abuso.
Según Ectap, la Argentina se convirtió en un destino emergente de explotación infantil en turismo sexual. Así aparece en su publicación Combatiendo el turismo sexual con niños y adolescentes. Preguntas frecuentes (2008), que la organización internacional distribuyó en la cumbre. Ecpat fue una de las organizadoras del congreso, junto con Unicef y el gobierno brasileño.
“No manejamos cifras ni datos estadísticos porque no es posible tenerlos sobre esta problemática, dado que no se denuncia o se denuncia poco”, aclaró a Página/12 el abogado peruano Marcos Sotelo, coordinador regional para América latina de Ecpat, cuya sede en Buenos Aires está próxima a trasladarse a la ciudad de Lima. “El incremento de visitantes que está recibiendo la Argentina, a partir del cambio favorable para los extranjeros, hace que se filtre gente que tiene intenciones de explotar sexualmente a niñas, niños y adolescentes.
Significa que chicos en situación de vulnerabilidad tienen mayor riesgo de ser víctimas de ese tipo de turistas”, explicó Sotelo. Una asesora del Programa Turismo Responsable e Infancia, de la Secretaría de Turismo de la Nación, presente en el congreso, consideró: “Reconocemos que el país tiene la problemática de la explotación sexual vinculada con el turismo, pero no nos consideramos país de turismo sexual, ya que no se venden paquetes que incluyan el acceso a menores”.
Más allá de las diferencias de criterio, lo cierto es que hasta ahora, la Argentina no había sido señalada como potencial destino de turismo sexual. “El problema del turismo sexual en la Argentina está creciendo pero no es todavía significativo como puede verse en otros países”, consideró Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño (Casacidn).
En la región, padecen la problemática del turismo sexual desde hace ya largo tiempo Brasil, Costa Rica y República Dominicana, apuntó Sotelo. Pero en el último tiempo se prendió la luz de alerta no solo en la Argentina: también en Colombia y Perú. “Brasil y Costa Rica ya incorporaron el tema a su agenda política”, destacó.
Ecpat impulsa desde hace varios años un Código de Conducta del Sector del Turismo para la Protección de Niños contra la Explotación Sexual Comercial, una iniciativa que nació en Suecia y que actualmente apoyan Unicef y la Organización Mundial del Turismo. En Brasil, lo suscribieron casi un centenar de empresas del sector de distintos puntos del país, entre agencias, hoteles, restaurantes, asociaciones y sindicatos. En todo el mundo lo firmaron más de 600 operadores turísticos de 38 países. La Secretaría Nacional de Turismo de Argentina firmó a mediados de 2008 un acuerdo para promoverlo en el país, y recién está iniciando las actividades de difusión y sensibilización del sector.
Las víctimas de la explotación sexual vinculada con el turismo suelen pertenecer a contextos empobrecidos, algunos viven en la calle, o dependen de ingresos de temporada, o fueron abusados en sus propias casas, definen los especialistas.
Los turistas sexuales, en cambio, provienen de países desarrollados, principalmente de Europa y Norteamérica y también de Rusia, Japón, Australia y Nueva Zelanda, y son en su mayoría hombre y mujeres “comunes y corrientes”, destacó Ectap. Pero se identificó un nuevo perfil de turista sexual, “el oportunista”, el que no elige un destino con intenciones de abusar de menores, pero que si se le presenta la oportunidad, la aprovecha. La irlandesa O’Brian alertó también sobre las consecuencias del consumo global en la propagación de este aberrante delito.
Muchas veces, dijo, son los propios adolescentes, en situaciones de vulnerabilidad, los que se acercan a un explotador sexual para ofrecerse para conseguir dinero para drogas o para comprarse ropa. Y otras veces, son las familias de los chicos las que consiguen los clientes y “venden a sus hijos”, alertó la experta europea.
Para O’Brian, el gran desafío para vencer este flagelo pasa por el hecho de que la misma comunidad cuide a los chicos en la mira del visitante extranjero. Y a vez, por el compromiso que deben asumir los compañeros de viaje de los turistas sexuales de denunciarlos y dejar de mirar para otro lado.
Por Mariana Carbajal
Desde Río de Janeiro
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