sábado, 21 de febrero de 2009

Re: Para Saber y tenerlo en cuenta:

07-11-2008 Res. 310 - Presentaciones de Jueces de Menores - Actuación de funcionarios administrativos - Medidas de coerción en materia de responsabilidad penal juvenil - Actuacion exclusiva del Poder Judicial.-Expte. SAI nro. 310/08//PLATA, 3 de Noviembre de 2008.


VISTO: las presentaciones efectuadas por los doctores Cristina Landolfi, Mirta Angélica Ravera Godoy, Silvia N. Chomiez, Carlos Alberto Gallardo, Patricia Mabel Klentak, Fernando Ribeiro Cardadeiro, Graciela Beatriz Vega, Flavio Valgiusti, Silvina Darmandrail, Elbio Raúl Ramos y Diana Lis Grassi, magistrados del fuero de menores de la Provincia de Buenos Aires, mediante las cuales dan cuenta de la grave situación que está atravesando dicho fuero con motivo de las decisiones adoptadas sobre traslados y egresos de menores a su disposición por las autoridades administrativas, como así también por la insuficiencia de los recursos que deben ser provistos por el Ministerio de Desarrollo Social necesarios para la ejecución de las medidas judiciales ordenadas en el marco de los procesos penales juveniles, y CONSIDERANDO
Los Doctores Hitters, Negri, Pettigiani y de Lázzari, dijeron:
I- a) Que conforme surge de lo expuesto por la titular del Tribunal de Menores nº 2 del departamento judicial Morón, Dra. Cristina Landolfi, el día 17 de septiembre del corriente año recibió comunicaciones provenientes del Instituto Nuevo Dique mediante las cuales se le hizo saber que se procedió a la baja del registro de ese establecimiento, y consecuente egreso, de los jóvenes incluidos en causas nº 029.592, 031.437 y 27.152 sin haber sido dispuestas las mismas por parte de la magistrada oficiante.Que con igual criterio se receptó comunicación de la Dirección Provincial de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil de la que se desprende que idéntico temperamento se ha adoptado con relación al joven vinculado en la causa nº. 27.152 (v. fs. 1/24).
b) Que similares circunstancias motivaron los oficios elevados a esta Corte por la titular del Tribunal de Menores nº 2 del departamento judicial San Isidro, Dra. Silvia N. Chomiez, dando cuenta de la denuncia formulada ante la Unidad Fiscal de Instrucción en turno del departamento judicial La Plata, con motivo de la libertad dispuesta, sin orden jurisdiccional, de un joven que se encontraba alojado en el Centro Cerrado Nuevo Dique (v fs. 154); y por el doctor Carlos Alberto Gallardo, a cargo del Juzgado de Garantías del Joven del departamento judicial San Martín, con relación a jóvenes que se hallaban alojados en el mismo Instituto.
c) Que por su parte la titular del Tribunal de Menores nº 5 del departamento judicial San Isidro, Dra. Mirta Angélica Ravera Godoy, manifestó su preocupación por la obstaculización sistemática y continua de la actividad jurisdiccional, ante el incumplimiento reiterado de las medidas ordenadas, tanto en la etapa de aprehensión de jóvenes en infracción a la ley penal, cuanto en la oportunidad de ordenarse la prisión preventiva.Que la referida magistrada manifiesta que dicho accionar se encuentra corroborado en las causas nº 034679 y 034703 en trámite ante el organismo a su cargo, en las cuales se dispuso el alojamiento de menores en régimen cerrado dado el peligro de fuga y conforme la evaluación interdisciplinaria practicada en sede tribunalicia. No obstante ello, mediante anoticiamiento practicado por el Director del Centro de Pablo Noguez tomó conocimiento que, por disposición del Dr. Enrique Pochat, los nombrados serían alojados en los establecimientos de régimen abierto denominados “Copa” y “Duplex”. Frente a tal medida la aludida magistrada se opuso reafirmando su decisión de mantener a los menores alojados en un instituto cerrado por los motivos expuestos precedentemente. Que refiere además, que constató el objetado accionar en la causa nº 034.551 en cuanto un joven fue alojado en el Centro de Contención de Lanús, alterando su decisión jurisdiccional, y sin haber sido anoticiada de ello, no obstante su calidad de magistrado a cargo de la causa (v. fs. 25/153).
d) Que por su parte los señores jueces del fuero de Menores del departamento judicial San Isidro, doctores Patricia Mabel Klentak, Fernando Ribeiro Cardadeiro, Graciela Beatriz Vega, Flavio Valgiusti, Mirta Angélica Ravera Godoy y Silvia N. Chomiez, de manera conjunta, han manifestado su preocupación por las libertades dispuestas en forma inconsulta por parte de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y al propio tiempo por la grave situación por la que esta atravesando el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en dicha jurisdicción.
Que asimismo dan cuenta de las dificultades para llevar a cabo los traslados de los menores y por la escasez de vacantes existentes para el alojamiento de jóvenes, cuando por la gravedad del caso se requieren medidas de internación privativas de la libertad ambulatoria (art. 37 b] C.D.N.). Igualmente manifiestan su preocupación por la carencia de vacantes para el alojamiento transitorio de menores (por un máximo de 72 horas) a los efectos de que puedan prestar declaración indagatoria, como así también para el albergue en comunidades terapéuticas de jóvenes drogadependientes incluidos en procesos penales (v. fs. 196/197) e) Que la titular del Tribunal de Menores nº. 2 del departamento judicial Mar del Plata, Dra. Silvina Darmandrail, ha remitido oficio a esta Suprema Corte informando lo resuelto en las causas nº 41.988 y 41.145 con motivo de los traslados dispuestos en forma inconsulta por parte de autoridades administrativas del Ministerio de Desarrollo Social
(v. fs. 198/332).f) Que también fue recibida comunicación del doctor Elbio Raúl Ramos, a cargo del Juzgado de Garantías del Joven nº 1 del departamento judicial Quilmes, dando cuenta de la ausencia de “Centro de Contención y Referencia”, cuya creación y contralor corresponde a la Subsecretaría de Promoción y Protección de los derechos del Niño dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, circunstancia esta que derivó en la adopción de una medida de intimación a la señora titular del referido organismo a fin que, en un término perentorio y bajo apercibimiento de ley, implemente la puesta en funcionamiento del centro referenciado. Señala el magistrado que la ausencia del citado organismo imposibilita la concreción de medidas de seguimiento de jóvenes imputados en hechos ilícitos.g) Que similar circunstancia ha sido denunciada por la señora jueza titular del Tribunal de menores del departamento judicial Trenque Lauquen, doctora Diana Lis Grassi, en lo atinente a la carencia de habilitación de lugar de permanencia transitoria para jóvenes en conflicto con la ley penal y de Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño en la ciudad de Carlos Casares.
II- Que como síntesis de lo precedentemente expuesto, es posible reseñar que los magistrados del fuero de menores destacan las siguientes falencias:
1) la insuficiencia de vacantes que permitan ejecutar en forma adecuada e inmediata las medidas de seguridad por ellos dispuestas, circunstancias que conllevan a alongar injustificadamente la permanencia de los jóvenes incluidos en los móviles de traslado generando un innecesario e infundado agravamiento de las condiciones de su aprehensión y/o detención;
2) la carencia de vacantes en comunidades terapéuticas para alojamiento de jóvenes drogadependientes incluidos en causas penales, circunstancia que obsta al debido resguardo del derecho a la salud;
3) la falta de implementación de centros y lugares de permanencia transitoria para jóvenes en conflicto con la ley penal.
4) la efectivización de traslados y libertades de jóvenes alojados a disposición de organismos judiciales por parte de autoridades administrativas del Ministerio de Desarrollo Social, invocando el art. 43 de la ley 13.634, sin intervención jurisdiccional.III- a) El proceso de implementación gradual del nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, conforme lo establecido por la ley 13.797, fue acordado por este Tribunal, la Procuración General y el Ministerio de Justicia con fecha 27 de mayo del corriente año, mediante la suscripción de un acta, cuyo contenido fuera ratificado por Resolución de esta Suprema Corte n° 1278/08 y por Decreto del Poder Ejecutivo n° 981/08. A través de la misma las partes involucradas se comprometieron a impulsar, con la debida premura y en la órbita de sus competencias, las medidas conducentes para la puesta en funcionamiento del nuevo Fuero en los períodos establecidos.Que en tal sentido el Ministerio de Justicia, en representación del Poder Ejecutivo, “…se compromete a efectuar las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Desarrollo Social, a efectos de que por medio de éste se garantice el funcionamiento de los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos, en cada uno de los partidos comprendidos en la jurisdicción territorial de los departamentos judiciales en los que se implementará el fuero, como de proveer el efectivo funcionamiento de los Centros de Referencia, de Contención, de Recepción y Cerrados, para el efectivo cumplimiento de las medidas judiciales. Asimismo, a efectuar las gestiones necesarias ante los Ministerios de Seguridad y de Desarrollo Social, a fin de que estos garanticen el debido traslado de los adolescentes vinculados a los procesos del fuero, desde su lugar de permanencia o alojamiento a las dependencias judiciales de manera tal de posibilitar el cumplimiento de los plazos legales” . b) Que con fecha 4 de julio del corriente año, este Tribunal, mediante el Acuerdo 3381, aún cuando consideró que “… no estarían dadas en su totalidad las condiciones para la puesta en marcha de la primera etapa de este nuevo fuero, en función de los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo, en cuanto a la implementación de medidas coyunturales e inmediatas y definitivas tendientes a permitir su funcionamiento…”, dispuso la implementación parcial del fuero de responsabilidad penal juvenil en los Departamentos Judiciales La Plata, Necochea, Quilmes y San Martín, al tiempo que hizo saber al señor Gobernador de la Provincia dichas circunstancias para que se arbitraran, con urgencia, las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema. c) Que en igual sentido con fecha 3 de septiembre del corriente año, con motivo de la implementación parcial de la segunda etapa del citado fuero (en los Departamentos Judiciales de Azul, Mercedes, Pergamino y San Nicolás) dispuesta mediante Acuerdo 3388, se reiteró al señor Gobernador la necesidad de que se arbitraran con urgencia las medidas conducentes para el adecuado funcionamiento del sistema.
Se puntualizó en dicho acto que: i) el alojamiento de los menores es responsabilidad del Poder Ejecutivo, por lo que no corresponde que se efectivice en dependencias del Poder Judicial; ii) las grandes distancias existentes entre los órganos del fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil de los departamentos judiciales de Bahía Blanca y Junín, con los Centros de Contención y Recepción en funcionamiento; iii) tampoco en esa ocasión habrían estado dadas en su totalidad las condiciones para la puesta en marcha de la segunda etapa de este nuevo fuero, pero ponderó los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo, en cuanto a la implementación de medidas coyunturales e inmediatas y definitivas, tendientes a permitir su funcionamiento.
IV- Que con fecha 22 del corriente, este Tribunal, en el marco de un conflicto de poderes promovido por la titular del Tribunal de Menores nº 1 del Departamento Judicial Trenque Lauquen (causa B-68.599 caratulada “Tribunal de Menores nro. 1 de Trenque Lauquen c/ Provincia de Buenos Aires s/ Conflicto de Poderes”), resolvió hacer lugar al planteo e intimó al Poder Ejecutivo provincial a adoptar en lo inmediato las medidas conducentes a la provisión de recursos de permanencia eficaces y adecuados a la problemática del fuero, de modo de garantizar la efectiva tutela de los derechos conculcados con su omisión y asegurar el normal ejercicio de la función jurisdiccional para quienes están llamados a desempeñarla (conf. art. 15 Const. Pcial.).V- Que sin perjuicio de las denuncias por delitos de acción pública que en cada caso han efectuado los magistrados intervinientes, que transitan por sus propios carriles, compete a esta Suprema Corte de Justicia, como cabeza del Poder Judicial –art. 160 Const. Provincial; art. 32 inc. a) de la ley 5827- intervenir en toda cuestión que afecte la normal prestación del servicio de justicia, pues debe velar por su cabal afianzamiento, mandato que se consagra tanto en el texto de la Constitución de la Provincia, como en el de la Nación.Que conforme las denuncias que dieron origen a estas actuaciones y no obstante el tiempo transcurrido, no se advierten, ni han sido informados por el área de Desarrollo Social, avances en la ejecución de acciones concretas tendientes a superar las falencias apuntadas en oportunidad de decidir la implementación gradual del fuero de la responsabilidad penal juvenil.
Que a ello se suma el avasallamiento de la competencia propia de los órganos jurisdiccionales por funcionarios administrativos, al efectivizar traslados y/o “egresos” sin mandato judicial que así lo dispusiere, con invocación especialmente del artículo 43 de la ley 13.634.Que en este asunto, sin dudas, dicha ley establece la competencia de los órganos judiciales del fuero penal del niño en lo concerniente a las medidas de coerción personal (art. 29 de dicha ley en relación al art. 23 inc. 2 del C.P.P., según ley 11.922 y sus modificatorias), ya sea para adoptarlas, hacerlas cesar o disponer alternativas, asignando un trámite específico a esos efectos, que incluye la celebración de audiencias orales con presencia del niño y la intervención de las otras partes (arts. 36 inc. 7º, 42, 43 y 50). Asimismo, asigna a los jueces la facultad de dictar medidas de seguridad para niños inimputables (art. 64).
Que, por lo demás, algunos magistrados han expuesto que incluso en jurisdicciones en las cuales el nuevo régimen legal aún no ha sido implementado, la administración se ha arrogado atribuciones referidas a medidas de coerción personal invocando, en especial, el art. 43 de la ley citada.VI- Que la ley 13.797 (BOP 28-I-08), modificatoria del artículo 95 de la ley 13.634, estableció que las disposiciones referidas al proceso de la responsabilidad penal juvenil comenzarían a regir a partir del 1º de junio de 2008. No obstante contempló que si por razones operativas o presupuestarias no fuera posible poner en funcionamiento el sistema a esa fecha, las disposiciones referidas al proceso comenzarían a regir, en forma gradual, de acuerdo a un plan de implementación que no puede extenderse más allá del 1º de diciembre de 2008.POR ELLO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, en ejercicio de sus atribuciones (art. 160 Const. Provincial; art. 32 inc. a] ley 5827) y en coordinación con la Procuradora General, RESUELVE:Artículo 1º: Hacer saber al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires la profunda preocupación de esta Suprema Corte en orden a los hechos referidos precedentemente y que derivan de modo directo e inmediato de acciones u omisiones discernibles en la esfera de sus atribuciones, deberes y responsabilidades.Artículo 2º: Recordar que es competencia exclusiva del Poder Judicial la adopción, modificación o extinción de las medidas de coerción personal previstas en materia de responsabilidad penal juvenil.
Artículo 3º: Que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires deberá arbitrar en forma inmediata las medidas conducentes a subsanar las situaciones aquí denunciadas, destacando que para el cumplimiento de las mismas será necesario disponer una asignación prioritaria de los recursos públicos (arts. 7 y 17 ley 13.298).Artículo 4º: Que ante la proximidad del vencimiento del plazo legal para la puesta en marcha total del fuero de la responsabilidad penal juvenil, toda demora en implementar los medios de participación activa que corresponden al Poder Ejecutivo de la Provincia, puede poner en riesgo el debido resguardo a las personas y bienes que le han sido confiados.Artículo 5º: Regístrese y comuníquese.
JUAN CARLOS HITTERS HECTOR NEGRI EDUARDO JULIO PETTIGIANI EDUARDO NESTOR de LAZZARI
Los Doctores Genoud, Kogan y Soria dijeron:Adherimos a lo expuesto en los Considerandos precedentes y estimamos que las medidas ordenadas por la sentencia de esta Corte dictada en la causa B. 68.559, arriba señalada (v. supra Cons. IV) configuran, en rigor, un marco general dentro del cual debe ajustarse el obrar del Poder Administrador en la materia en tratamiento, por lo que deviene necesario precisar el objeto de la resolución que ahora cabe adoptar en vía de superintendencia.POR ELLO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, en ejercicio de sus atribuciones (
art. 160 Const. Provincial; art. 32 inc. a] ley 5827) y en coordinación con la Procuradora General, RESUELVE:
Artículo 1º: Hacer saber al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires la profunda preocupación de esta Suprema Corte en orden a los hechos referidos precedentemente.Artículo 2º: Recordar que es competencia exclusiva del Poder Judicial la adopción, modificación o extinción de las medidas de coerción personal previstas en materia de responsabilidad penal juvenil.Artículo 3º: Instar al Poder Ejecutivo para que arbitre en forma inmediata las medidas necesarias para subsanar las falencias apuntadas y a proveer lo conducente a fines de posibilitar la puesta en marcha total del fuero de responsabilidad penal juvenil, destacando que con tal propósito es menester disponer la asignación prioritaria de los recursos públicos conforme lo establece la ley 13.298 (Arts. 7 y 17).
Artículo 4º: Regístrese y comuníquese.LUIS ESTEBAN GENOUDHILDA KOGAN DANIEL FERNANDO SORIALa Sra. Procuradora General, Dra. María del Carmen Falbo, adhiere a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia.MARÍA DEL CARMEN FALBOProcuradora GeneralJORGE OMAR PAOLINISecretario de Asuntos Institucionales

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