martes, 3 de marzo de 2009

era el fundamento de la obediencia debida”
Capital Federal (Agencia Paco Urondo, publicado en Política y Medios) A partir de la implementación del nuevo sistema de justicia militar, aprobado en el Congreso el año pasado, los delitos cometidos por personal castrense serán abarcados por tribunales comunes. En diálogo con P&M, desde el Centro de Militares para la Democracia apoyaron la medida y consideraron el anterior sistema una “aberración” y un “instrumento más de poder y tortura”.A partir de hoy entró en vigencia el nuevo Sistema de Justicia Militar, que elimina los tribunales castrenses y deja los delitos esencialmente militar en la órbita de la justicia común. También erradica la pena de muerte, realiza un cambio integral del sistema disciplinario y tratará de darle transparencia e institucionalidad republicana a esta institución.Mediante la ley 26.394, impulsada por la ministra de Defensa Nilda Garré y sancionada por el Congreso Nacional el 6 de agosto de 2008, se deroga entonces el antiguo Código de Justicia Militar y se incorporan al Código Penal delitos específicamente castrenses.En diálogo con Política&Medios, José Luis García, Coronel retirado y secretario General del Centro de Militares para la Democracia de la Argentina (CEMIDA), apoyó el proyecto impulsado desde el ministerio de Defensa y aseguró que “la existencia de un código de justicia militar era una aberración porque es un tribunal especial, algo que está prohibido por la constitución”.“El que mata a una persona es un asesino, ya sea militar, civil o eclesiástico. Estos eran tribunales totalmente ficticios, en los cuales el acusador era juez y parte. Además, los militares no gozaban del derecho mínimo de tener un abogado, porque el código decía que el que lo defendía debía ser un oficial en actividad del escalafón general”, contó García, que integra este grupo de ex militares que se opuso a los golpes de estado y dictaduras.“El Código era un instrumento más de poder y tortura de los superiores sobre los subalternos y era el fundamento de la obediencia debida. La forma de tener aprisionados a los miembros de la institución para que tuvieran temor a sanciones que superaban en muchos casos las judiciales. Además, era un pequeño grupo de auditores militares que manejaban la justicia de acuerdo a sus intereses. Una vergüenza.”, señaló García.El caso que despertó esta iniciativa para modificar la justicia militar fue el asesinato de Lucas Carrasco, en 1994, por el cual también se eliminó el servicio militar obligatorio en la Argentina. A partir de la condena de la justicia castrense del capitán Rodolfo Correa Belisle, quien denunció encubrimiento en el caso Carrasco, el estado se comprometió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a reformar “el sistema de administración de justicia penal en el ámbito castrense y su adecuación a los estándares internacionales que rigen en la materia”, según explicó la Ministra Garré en un comunicado.Este tipo de casos fueron moneda corriente en la institución. El Coronel (R) García recordó que los miembros del CEMIDA han sido “víctimas de este sistema en nuestra carrera militar. Hemos sufrido juicios de toda clase. Cuando nos sublevamos contra la dictadura de (Alejandro Agustín) Lanusse, antes de realizarnos el juicio vino un general y nos dijo las penas que no iban a tocar. Una cosa realmente aterradora”. A lo largo de su carrera militar, García fue nombrado defensor en un juicio militar 5 o 6 veces. “No tenía la menor noción de los procedimientos judiciales ni los códigos, pero era una obligación. Al que cometía el delito le daban el escalafón y elegía un defensor. Entonces, uno se encontraba ante un tribunal militar defendiendo a gente que había cometido delitos comunes y sin ninguna experiencia”, relató García.
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